La capital ecuatoriana experimenta un preocupante incremento en los accidentes involucrando scooters y motos eléctricas. Según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante los primeros nueve meses de 2026 se han contabilizado 93 incidentes relacionados con estos vehículos, evidenciando una tendencia creciente en siniestralidad que ha motivado intervenciones legislativas.
El panorama refleja cifras comparables entre 2024 y 2026, donde se observa un incremento aproximado del 68% en la frecuencia de estos eventos. Este crecimiento ha despertado alarma en autoridades de tránsito y seguridad vial, colocando el tema en el centro del debate público sobre la regulación del transporte urbano de última milla.
Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional ha tomado medidas correctivas aprobando reformas significativas a la Ley de Tránsito. Las nuevas disposiciones buscan restringir la circulación de scooters y motos eléctricas exclusivamente a trayectos urbanos cortos y de baja velocidad, limitando su operación en zonas específicas de la ciudad.
Las reformas legislativas representan un cambio sustancial en la política de movilidad urbana de Quito. Al confinar estos vehículos a áreas determinadas y velocidades controladas, las autoridades pretenden reducir la exposición al riesgo tanto de usuarios como de peatones, considerando que gran parte de los accidentes ocurren en zonas de alto tráfico o en desplazamientos de mayor distancia.
La implementación de estas medidas enfrenta desafíos operativos y de fiscalización. La AMT deberá establecer mecanismos de control efectivos para asegurar el cumplimiento de las restricciones geográficas y de velocidad, mientras que empresas operadoras de estos servicios tendrán que ajustar sus modelos comerciales a la nueva realidad normativa.
Expertos en seguridad vial señalan que la educación y la infraestructura son complementarias a la regulación. Aunque las restricciones legales son necesarias, se requiere también de carriles seguros, señalización clara y campañas de conciencia ciudadana para modificar comportamientos de riesgo en usuarios y conductores de vehículos tradicionales.
Este fenómeno refleja tensiones globales entre la innovación en movilidad urbana y la necesidad de garantizar seguridad. Quito se suma a otras ciudades que han debido replantearse la convivencia de estos vehículos con el resto del tránsito, buscando equilibrar accesibilidad, eficiencia y protección de vidas.