La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el pasado fin de semana la sede de la Asociación de Empleados del Consejo Provincial de Pichincha, ubicada en el sector de San Antonio, al norte de Quito. El cierre se produjo después de que inspectores detectaran irregularidades durante una presunta fiesta de carácter íntimo que se realizaba en las instalaciones, según consta en actas del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo con los registros de la AMC, el inmueble funcionaba sin contar con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) requerida para ese tipo de eventos. Evidencia audiovisual obtenida durante el operativo muestra a múltiples personas dentro de las áreas húmedas del complejo, detalles que llevaron a las autoridades a caracterizar el lugar como una presunta casa de citas.
La directiva de la asociación respondió rápidamente mediante un comunicado, argumentando que el espacio había sido alquilado únicamente por tres horas a un grupo externo de aproximadamente diez personas, sin vínculos con la organización. Según su versión, el arrendamiento se limitó al uso exclusivo de las áreas húmedas del complejo, responsabilizando al grupo arrendatario de lo ocurrido.
La asociación enfatizó que cuenta con medidas de seguridad adecuadas, incluyendo extintores y un sistema de cámaras de vigilancia. Además, aclaró que la sede no es propiedad del Gobierno Provincial, sino un patrimonio privado de los afiliados administrado por su organización, destinado exclusivamente a actividades sociales, familiares, deportivas y recreativas de sus miembros.
En su descargo, la directiva rechazó categóricamente que el complejo funcione como casa de citas, argumentando que su propósito es servir como espacio de integración, capacitación y actividades deportivas para empleados de la Prefectura y sus familias. Subrayó que la responsabilidad de los hechos recae exclusivamente en quienes solicitaron el alquiler del local.
Este incidente ha generado debate sobre la supervisión de espacios privados y el cumplimiento normativo en la capital. Las autoridades municipales mantienen el cierre del establecimiento mientras se resuelven los trámites administrativos relacionados con las irregularidades detectadas.
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