Ricardo Luna, de 28 años, zarpó el 14 de junio junto a otros cinco compañeros para custodiar un barco dedicado a operaciones camaroneras en el Golfo de Guayaquil. Nunca llegaron a su destino. Uno fue hallado con un balazo en la cabeza y los demás desaparecieron. Su hermana Betty, agricultora de 38 años, sigue buscando respuestas sobre qué sucedió con su hermano en una zona del país acorralada por bandas de narcotraficantes, extorsionadores y secuestradores.
La desaparición de estos guardias refleja una realidad sistemática en Ecuador, el país más peligroso de Sudamérica. Mientras empresarios, políticos y élites contratan seguridad privada ante un Estado desbordado por el crimen, los trabajadores que integran estas empresas enfrentan condiciones laborales precarias. Jornadas de 24 horas sin descanso, salarios entre 400 y 900 dólares mensuales, e incluso por debajo del salario mínimo que ronda los 480 dólares, son parte de la realidad cotidiana de estos trabajadores.
El sector de seguridad privada prospera precisamente por esta ola de violencia. Las 1.600 empresas registradas en Ecuador facturaron más de 1.100 millones de dólares en 2025, según datos de la Superintendencia de Compañías. La empresa donde trabajaban los guardias desaparecidos duplicó sus ganancias en el último año e incrementó su personal en un 63 por ciento. A nivel nacional, es común ver guardias armados con fusiles afuera de restaurantes, centros comerciales e incluso autobuses escolares.
Las familias de los desaparecidos denuncian no haber sido informadas por sus empleadores. Se enteraron de las desapariciones a través de redes sociales. Catalina Mafla, esposa de José Palma, uno de los desaparecidos, relata que su marido trabajaba en Quito cuando la empresa le ofreció aumentar su salario de 400 a 900 dólares si se trasladaba a Guayaquil. Ese aumento, advierte, no representaba ganancia real dadas las numerosas jornadas sin descanso que debía cumplir.
Familiares de los guardias desaparecidos pertenecen a poblaciones pobres del centro del país. Realizan rifas y venden comida para costear plantones y exigir que las autoridades no olviden a sus seres queridos. En junio protestaron frente a la sede presidencial en Quito vistiendo camisetas con los rostros de los hombres. Los desaparecidos no tenían antecedentes penales.
Expertos alertan que el sector de seguridad privada crece ante la incapacidad del Estado para proveer seguridad, fenómeno agravado por una tasa de homicidios que alcanzó el récord de 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado. La analista Carla Álvarez advierte además que estas empresas sirven de fachada para que bandas criminales laven dinero. Incluso Stalin Olivero, alias Marino, un capo asesinado a inicios de año, tenía una compañía de seguridad privada.
Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa intenta, sin mucho éxito, doblegar a las bandas criminales con políticas de línea dura y presencia militar en las calles. Para Betty, la hermana de Ricardo Luna, la angustia persiste: guardias como su hermano arriesgan sus vidas defendiendo a gente adinerada por necesidad, en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales.