El Cuerpo de Bomberos de Santa Elena fue objeto de un allanamiento ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado el jueves 29 de octubre. La operación, denominada 'Spondylus', se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada tras una denuncia recibida a través de la línea 1800 Delito, que alertó sobre actividades ilícitas al interior de la institución bomberil.
Según Henry Tapia, director de investigaciones de la Policía, los indicios apuntan hacia una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos que se desarrollaría dentro del Cuerpo de Bomberos. La investigación sugiere que existiría un contrato con una gasolinera ubicada en Chanduy que habría facilitado esta operación irregular. Ambas instituciones fueron allanadas simultáneamente para recopilar pruebas documentales y tecnológicas.
Durante los operativos, los agentes incautaron celulares, computadoras y otros elementos que podrían servir como indicios en la investigación. A pesar de la magnitud de la intervención, no se registraron detenciones en el acto. El material decomisado será analizado para determinar la cadena de responsabilidades y la magnitud de la presunta operación ilícita.
El Cuerpo de Bomberos de Santa Elena emitió un comunicado en respuesta al allanamiento, asegurando que todas sus actividades administrativas, operativas y de atención de emergencias continúan desarrollándose con normalidad. La institución enfatizó su compromiso con la transparencia y el marco legal, manifestando su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes dentro de los procedimientos establecidos por ley.
Por su parte, el Municipio de Santa Elena también se pronunció sobre los hechos, comprometiéndose a brindar todas las facilidades requeridas para que la investigación avance sin obstáculos. Esta intervención se enmarca en una serie de operativos anticorrupción que han afectado a distintas instituciones públicas en la provincia en las últimas semanas.
La investigación continuará con el análisis de la documentación y evidencia digital incautada. Los resultados de los peritajes determinarán la viabilidad de proceder penalmente contra los posibles responsables de la comercialización ilegal de combustible. Las autoridades mantendrán reserva sobre detalles específicos mientras el proceso avanza en la Fiscalía.