Durante 2026, la justicia ecuatoriana ha procesado a siete alcaldes por diversos delitos relacionados con corrupción. Los casos incluyen acusaciones de lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado. La mayoría de estos funcionarios permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones fiscales, tras operativos ejecutados durante las madrugadas en los que se incautaron elementos de convicción.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es el único que hasta el momento ha recibido sentencias condenatorias. Fue hallado culpable en los casos Triple A y Grillete, condenado a seis años y ocho meses, y tres años de cárcel respectivamente. Sin embargo, su defensa mantiene recursos de apelación en trámite que podrían modificar estas decisiones. Álvarez permanece encarcelado desde febrero en el centro penitenciario de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena.
En junio de 2026 fue detenido Darío Macas, alcalde de Machala, por presunto enriquecimiento ilícito en el caso conocido como Machalazo. Según la Fiscalía, su patrimonio y el de su esposa incrementó aproximadamente 6 millones de dólares entre 2019 y 2025, presuntamente mediante el direccionamiento de contratos municipales hacia empresas vinculadas con él.
Alfonso Montalván, alcalde de Vinces, fue capturado a finales de octubre por presunto lavado de activos. La investigación revela que utilizó la empresa Constructora Aldrensa S.A. para canalizar recursos de presuntas actividades ilícitas, con movimientos financieros superiores a 3,2 millones de dólares. Las autoridades lo vinculan con grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos.
Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, fue detenida en junio por presunta delincuencia organizada. Se le imputa liderar una estructura que tramitaba irregularmente documentos de tránsito en tres cantones de Manabí, emitiendo matrículas y licencias a cambio de dinero, con movimientos superiores a 5 millones de dólares. Recuperó su libertad en octubre tras apelación de la prisión preventiva.
René Castillo, alcalde de El Tambo, enfrenta cargos de peculado desde agosto junto con un concejal y un promotor de eventos. Se investiga la apropiación de recursos de un concierto internacional: mientras el contrato fue por 50 mil dólares, la recaudación por taquilla alcanzó 83 mil dólares, generando un perjuicio de aproximadamente 49 mil 545 dólares que no ingresó a las arcas municipales.
Gabriel Balladares, alcalde de Playas, fue objeto de allanamientos a finales de octubre por presunto peculado. Las autoridades encontraron 15 mil dólares en efectivo y documentos sospechosos en su domicilio y vehículo. La investigación apunta a irregularidades en contratos públicos que habrían generado un perjuicio de 520 mil 865 dólares. Algunos alcaldes argumentan persecución política del Gobierno Noboa previo a las elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre.