Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como 'Gerente' y señalado como el líder del grupo delictivo 'Comandos de la Frontera', fue condenado a 13 años de prisión este domingo 6 de septiembre por el delito de lavado de activos. La sentencia fue dictada por un tribunal que reinstó la audiencia de juicio para resolver el caso que involucra a 17 personas naturales y cinco entidades jurídicas implicadas en una estructura delictiva de gran escala.
Según el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado, además de Álvarez Vera, otros 13 procesados fueron condenados a la misma pena de 13 años, mientras que Mentor A. recibió una condena de 10 años como autor directo del delito. Las cinco personas jurídicas involucradas fueron declaradas penalmente responsables, ordenándose su clausura, disolución y el comiso de sus bienes. El tribunal también impuso una multa equivalente al triple del monto total del lavado de dinero.
La investigación de Fiscalía desveló que los implicados blanquearon capitales por más de USD 397 millones durante un período de diez años, entre 2015 y 2025. Estos recursos se introdujeron al Sistema Financiero Nacional mediante una red de empresas de transporte pesado, ganadería y otras compañías que funcionaban como fachada para legalizar dinero presuntamente originario del tráfico de drogas y otros delitos conexos.
El caso tuvo su origen en noviembre de 2024, cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas que alertó sobre movimientos financieros sospechosos. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía identificó y documentó una estructura familiar integrada por personas naturales y jurídicas que operaba de manera coordinada para introducir recursos ilícitos al sistema financiero nacional.
En septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo coordinado en ocho provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas. La intervención incluyó sesenta y dos allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de quince personas y el decomiso de dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera que sirvió como evidencia para consolidar los cargos.
La red delictiva operaba en al menos ocho provincias del país, evidenciando una estructura territorial compleja dedicada al blanqueo de capitales. Los elementos probatorios recopilados permitieron establecer con precisión que el monto lavado superaba los USD 397 millones durante el período comprendido entre 2015 y 2025, convirtiéndolo en uno de los mayores casos de lavado de activos procesados en el país.