La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, fue enviada a prisión preventiva tras una audiencia de formulación de cargos realizada el domingo 6 de septiembre. La jueza de la Sala Anticorrupción acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado sobre presunto enriquecimiento ilícito, ordenando medidas cautelares en su contra.
La investigación fiscal comenzó el 8 de junio de 2026 tras detectarse presuntos actos de corrupción vinculados al manejo de recursos públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los indicios recopilados señalan un incremento patrimonial injustificado superior a USD 8,8 millones durante el período investigado.
Según los reportes de la Fiscalía, Núñez habría adquirido bienes de forma desproporcionada e injustificada, utilizando aparentemente a testaferros para ocultar la procedencia de los recursos. Este patrón de comportamiento fue catalogado como evidencia de enriquecimiento ilícito durante los siete años de investigación.
El presunto delito habría ocurrido entre 2018 y 2025, abarcando un amplio período en el que se registraron adquisiciones de bienes que superaban significativamente los ingresos documentados de la funcionaria. La Fiscalía presenta esto como indicador clave del origen ilícito del incremento patrimonial.
Tras la orden de prisión preventiva, la Fiscalía General del Estado informó que continuará investigando para esclarecer el origen exacto de los bienes y determinar si existen otros involucrados en presuntas actividades de corrupción. La investigación mantiene líneas abiertas para identificar posibles conexiones con otras irregularidades.
Este caso forma parte de las acciones anticorrupción que ejecutan las autoridades ecuatorianas contra funcionarios públicos. La medida de prisión preventiva busca garantizar la presencia de la acusada durante el proceso judicial y evitar posibles acciones que pudieran afectar el curso de la investigación.
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