Una jueza ordenó la prisión preventiva de la prefecta de Santo Domingo por investigaciones relacionadas con un incremento patrimonial que habría superado los 3,6 millones de dólares en el lapso de seis años. La medida fue dictada en el marco de un proceso que busca establecer si hubo enriquecimiento ilícito derivado de su función pública.
Según el expediente, el patrimonio de la funcionaria creció significativamente en un período que coincide con su gestión administrativa. Los investigadores habrían identificado discrepancias entre los bienes declarados y la evolución de su patrimonio, lo que motivó la solicitud de medidas cautelares ante la justicia.
En el desarrollo de la investigación, se evidenció que el esposo de la prefecta, Wilmer Rivas, no fue sujeto de cargos. Las autoridades determinaron que no está siendo procesado en esta pesquisa y que además se encuentra inscrito como candidato a las elecciones seccionales, lo que habría incidido en la decisión de no incluirlo en las acciones penales.
Este caso se suma a otros procedimientos que en los últimos años han cuestionado el origen de fortunas de funcionarios públicos ecuatorianos. Las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito han tomado relevancia como mecanismo para fiscalizar la administración estatal y prevenir la corrupción.
La orden de prisión preventiva constituye una medida cautelar que busca garantizar la comparecencia de la investigada y evitar posibles entorpecimientos de la investigación. Este tipo de disposiciones son frecuentes en procesos que involucran a funcionarios de alto nivel.
El caso seguirá su curso en la justicia ordinaria, donde deberán comprobarse los elementos que respalden las sospechas de enriquecimiento ilícito. La prefecta tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de descargo en las audiencias que se celebren.