El lunes 19 de octubre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros funcionarios de la administración municipal enfrentaron una denuncia formal ante la Fiscalía. La acusación gira en torno al presunto cobro de dinero a empleados municipales, denominado coloquialmente como "vacunas", que habría sido destinado a financiar la campaña de reelección del burgomaestre. Juan Esteban Guarderas presentó la denuncia de manera pública en los exteriores de las oficinas fiscales.
La investigación que respalda la denuncia fue realizada de manera colaborativa entre Guarderas y varios colectivos anticorrupción, entre ellos Ciudadano Vértice, la Fundación Lucha Anticorrupción y el grupo Visionarias. Según el denunciante, el expediente que presentó contiene evidencia variada: testimonios directos, videos, intercambios de mensajes de texto, audios y registros de movimientos bancarios. Guarderas indicó que ya han sido revelados dos testimonios iniciales, con la promesa de más pruebas por presentar.
De acuerdo con lo expuesto, los videos documentarían los pagos de los presuntos diezmos realizados por empleados, mientras que los chats revelarían comunicaciones donde funcionarios habrían sido obligados a entregar dinero bajo la amenaza explícita de perder sus puestos de trabajo. Guarderas también denunció la existencia de rifas obligatorias y cobros excepcionales adicionales. La investigación habría permitido identificar tanto a quienes solicitaron y recolectaron el dinero como el destino final de los fondos recaudados.
La denuncia trasciende el ámbito penal, según sostuvo el denunciante, quien señaló que también deben analizarse posibles responsabilidades administrativas contra los involucrados. Guarderas enfatizó que los cobros se habrían realizado dentro de dependencias municipales y durante jornadas de trabajo, implicando el uso de instalaciones y tiempo laboral públicos para beneficio privado de la campaña electoral.
Desde la perspectiva legal electoral, el denunciante cuestionó las condiciones de la contienda cuestionando que el presunto uso de recursos públicos podría favorecer a una candidatura en particular. Citó disposiciones del Código de la Democracia respecto a la licitud del financiamiento de campañas y la responsabilidad de los candidatos sobre la procedencia de esos recursos, sugiriendo que estos requisitos no se habrían cumplido.
Por su parte, Pabel Muñoz y autoridades de la Empresa de Pasajeros de Quito rechazaron categóricamente las acusaciones, calificándolas de "persecución política" en lugar de crítica fundamentada. La respuesta de la administración municipal ha sido negar los hechos sin entrar en detalles sobre los elementos de prueba presentados en la denuncia, manteniendo una postura defensiva frente a las investigaciones.