La Asamblea Nacional de Ecuador inició el primer debate del proyecto de Ley de Infancia Segura, una iniciativa legislativa dirigida a fortalecer los mecanismos de protección contra delitos relacionados con material de abuso sexual infantil. La propuesta fue presentada por la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, y ya contaba con siete votos favorables en su comisión. Sin embargo, la sesión del Pleno fue suspendida después de cinco intervenciones, por lo que la discusión deberá continuar en una próxima convocatoria.
La iniciativa, formalmente llamada Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción Frente a los Delitos Vinculados con Material de Abuso Sexual Infantil, contempla la creación de tres nuevas tipificaciones penales. Estas abarcarían la producción de contenido abusivo, su adquisición y posesión, y su distribución o puesta a disposición de terceros. Cada uno de estos delitos buscaría establecer un marco legal claro para sancionar a quienes incurran en estas conductas.
Entre las medidas más relevantes figura la creación de un registro nacional de personas condenadas por estos delitos. La inclusión en este registro estaría limitada a quienes cuenten con sentencias condenatorias ejecutoriadas, es decir, definitivas. Además, la ley prohibiría que estas personas desempeñen actividades laborales que impliquen contacto directo con menores de edad, una restricción destinada a evitar nuevas victimizaciones.
El proyecto también incluye disposiciones sobre la visibilidad de los infractores. Se plantea la difusión de la identidad de quienes cometan estos delitos y la exhibición de sus rostros cuando sean detenidos en flagrancia, conforme a los términos que el proyecto establece. Esta medida busca mayor transparencia e información pública sobre los condenados.
En el ámbito digital, la propuesta autoriza a la autoridad competente para ordenar el bloqueo preliminar, dinámico y directo de direcciones IP, dominios, enlaces URL y otros mecanismos de acceso utilizados para distribuir material de abuso infantil. Esta herramienta busca obstaculizar la circulación de contenido ilícito en plataformas digitales, una necesidad cada vez más urgente en la era de internet.
La iniciativa también reforma la Ley Orgánica de Movilidad Humana para incorporar como causal de inadmisión al país la existencia de una alerta migratoria internacional contra extranjeros por delitos vinculados con este tipo de contenido. De esta manera, se busca evitar que personas condenadas ingresen al territorio ecuatoriano.
El proyecto incluye, además, campañas de prevención orientadas a reducir los riesgos de violencia y explotación sexual contra menores. Todas estas disposiciones aún forman parte de una propuesta legislativa en debate y no constituyen medidas legales vigentes. El proceso de aprobación deberá completarse en próximas sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. [SÍNTESIS BASADA EN FUENTE EXTERNA - PENDIENTE DE REVISIÓN EDITORIAL]