Las autoridades ecuatorianas trabajan en una nueva normativa destinada a controlar la circulación de scooters eléctricos y motos eléctricas, vehículos que se han popularizado en las principales ciudades pero que generan creciente preocupación por su seguridad. El proyecto de ley busca frenar el desorden que caracteriza actualmente su uso en las vías urbanas, estableciendo reglas claras para su operación.
Los números respaldan la necesidad de acción regulatoria. Entre 2025 y lo que va de 2026, se han registrado 71 siniestros relacionados con estos vehículos de micromobilidad, según datos citados en reportes locales. Estos incidentes incluyen colisiones, atropellamientos y accidentes que han generado preocupación entre peatones, automovilistas y autoridades de tránsito.
La falta de regulación ha permitido que usuarios circulen sin restricciones claras, invadiendo espacios destinados a peatones y generando conflictos en las vías. Scooters operan sin límites de velocidad establecidos, sin requisitos de licencia para usuarios y sin zonas delimitadas para su circulación, creando un panorama caótico en calles y avenidas de ciudades como Quito.
El nuevo marco legal busca establecer requisitos mínimos para los usuarios, incluyendo posibles restricciones de edad y obligación de usar equipo de protección. También se espera definir zonas permitidas para la circulación de estos vehículos, limitando su uso en áreas de alto flujo peatonal o estableciendo carriles exclusivos donde sea viable.
Las plataformas de alquiler de scooters también podrían enfrentar nuevas responsabilidades bajo esta regulación. Se contempla que las empresas operadoras implementen mecanismos de seguridad, controlen la velocidad de sus vehículos y establezcan sistemas de reporte de incidentes, además de asegurar que sus unidades cumplan con estándares técnicos mínimos.
Este borrador de nota se basa en información de medios locales ecuatorianos y requiere revisión editorial antes de su publicación, ya que faltan detalles específicos sobre el contenido exacto de la propuesta legislativa, autoridades responsables y cronograma de implementación.
La regulación responde a una tendencia regional donde varios países latinoamericanos han enfrentado dilemas similares al expandirse la micromobilidad eléctrica. Gobiernos locales buscan equilibrar la promoción de transporte sostenible con la garantía de seguridad vial para todos los usuarios de las calles.