María Rosa Pulley, esposa del expresidente Abdalá Bucaram, interpuso una acción de habeas corpus tras la orden de captura emitida contra el exmandatario para garantizar su presentación en la audiencia de sentencia del caso Pruebas COVID-19, relacionado con delincuencia organizada. Esta medida legal surge después de que la diligencia fuera suspendida por sexta ocasión, nuevamente debido a la ausencia del expresidente, quien ha argumentado problemas de salud.
El tribunal ordenó vigilancia policial permanente en el hospital donde Bucaram permanece internado y decretó su aprehensión una vez que reciba el alta médica. Sin embargo, mediante el habeas corpus se busca que cualquier orden de captura no se ejecute de forma inmediata cuando sea dado de alta, permitiendo primero una evaluación médica que determine si el expresidente está clínicamente apto para movilizarse.
La acción legal también persigue que se respeten las prescripciones médicas del paciente, incluyendo tratamiento, medicación, restricciones de movilidad, seguimiento cardiológico y el periodo de recuperación necesario. Además, busca garantizar un entorno tranquilo para su restablecimiento físico, argumentando que su estado de salud requiere consideraciones especiales antes de cualquier procedimiento legal.
Las suspensiones de audiencia comenzaron el 26 de agosto, cuando fue internado de urgencia para una intervención cardíaca. Tras salir del hospital, ingresó nuevamente en otro centro asistencial el lunes anterior a la audiencia programada para el jueves, donde la Policía confirmó su presencia pero no pudo verlo por estar en cuidados intensivos.
La Fiscalía acusa a Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que comercializó 21 mil pruebas COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Según investigaciones, dos israelíes movilizaban las pruebas hacia la residencia del exmandatario, quien también almacenaba otros insumos médicos como mascarillas y lancetas.
El tribunal también ordenó una auditoría del Ministerio de Salud a los informes emitidos por los hospitales donde ha estado internado Bucaram, para investigar una posible obstrucción a la justicia por parte de los centros médicos. Este juicio, que comenzó el 11 de abril del año anterior, ha contado con declaraciones de cincuenta peritos y testigos.
La sentencia sigue pendiente tras múltiples aplazamientos desde 2022. El caso ha sido controversial no solo por las acusaciones sino por las circunstancias que rodean los procedimientos legales, incluyendo la muerte de uno de los involucrados, un israelí asesinado en 2020 mientras cumplía condena en la Penitenciaría del Litoral.