La Fiscalía presentó acusación formal contra los exvocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno por presunto tráfico de influencias. El caso se centró en una presunta negociación para favorecer un recurso de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien buscaba mantener su cargo mediante una acción de protección.
La audiencia de juicio se instaló el lunes 19 de octubre en la Corte Nacional de Justicia en Quito. El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, expuso que Morillo y Barreno actuaron como coautores del delito, mientras que el juez Vladimir Jhayya fue imputado como cómplice. Los tres sospechosos podrían recibir sentencias de entre 3 y 5 años de cárcel si son condenados.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan al 2 de junio de 2022, cuando Morillo desempeñaba el cargo de presidente encargado del Consejo de la Judicatura. En esa ocasión, los tres procesados se habrían reunido con un juez en un edificio del norte de Quito para coordinar los detalles de la apelación de Llori ante el Tribunal Tercero de Sala de la Familia de la Corte Provincial de Pichincha.
Durante esa reunión, Morillo y Barreno habrían solicitado al juez integrante Gustavo O. que asumiera directamente la apelación y la resolviera favorablemente en el menor tiempo posible. El juez Jhayya habría participado activamente, facilitando el lugar del encuentro y proporcionando argumentos que podrían utilizarse en la motivación del fallo.
El Ministerio Público presentó 44 elementos de convicción recopilados previamente por la exfiscal general Diana Salazar. Estas pruebas fueron expuestas durante la audiencia para sustentar la existencia del presunto delito de tráfico de influencias cometido por los acusados.
Actualmente, los tres implicados cumplen medidas alternativas a la prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. El caso representa una nueva acusación en la cadena de investigaciones sobre irregularidades en el sistema judicial ecuatoriano durante los últimos años.
Este proceso se suma a otros casos de presunta corrupción en instituciones del Estado. La Fiscalía continúa con la práctica de pruebas para consolidar su teoría sobre los hechos alegados contra Morillo, Barreno y Jhayya.