La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, presentó los detalles de la Ley AntiMafia, una propuesta legislativa que busca resolver un problema estructural: el Estado ecuatoriano no logra administrar adecuadamente los bienes confiscados a organizaciones criminales. Un caso emblemático fue una hacienda donde murió ganado porcino por falta de cuidados técnicos. La iniciativa plantea destinar más de 580 bienes incautados al crimen con fines de utilidad pública y social.
Mancheno, abogada y exsecretaria Jurídica de la Presidencia, se inspiró en la experiencia italiana para redactar esta ley. Italia, que enfrentó décadas de poder mafioso, desarrolló herramientas legales que marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. La legisladora incluso tiene en su despacho el libro 'CeroCeroCero' del periodista italiano Roberto Saviano, quien documentó la estructura de la Camorra napolitana y pagó un alto precio por ello.
El elemento central de la propuesta es la creación del delito de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada (GDO) o grupo armado organizado (GAO). Esta figura, también contemplada en legislaciones de Estados Unidos, Argentina y El Salvador, exige elementos objetivos para demostrar afiliación. Los vínculos familiares, laborales o comerciales no serían suficientes por sí solos para acreditar pertenencia funcional a una organización criminal.
La ley también establece requisitos más rigurosos para perseguir organizaciones criminales: será necesario acreditar su estructura interna, funciones específicas y flujos financieros. El delito de pertenencia funcionaría de manera independiente de otras violaciones legales que el acusado hubiera cometido, fortaleciendo así el arsenal legal contra el crimen organizado.
Con respecto a los bienes incautados, la propuesta contempla canalizar los activos productivos, como haciendas y propiedades comerciales, hacia fundaciones de asistencia social. De esta forma, la población vulnerable accedería a recursos que ahora permanecen ociosos en manos estatales. La expectativa es que el debate legislativo sobre la ley se realice en cuestión de semanas, con participación de especialistas italianos en antimafia.
Mancheno, quien asumió la presidencia de la Asamblea en junio tras la renuncia de Niels Olsen, ha priorizado la cooperación internacional en seguridad. Ha firmado acuerdos con legisladores de países amigos y busca establecer una agenda compartida de trabajo. Desde su perspectiva, esta ley representa una herramienta fundamental para apoyar a los equipos de seguridad que trabajan en primera línea contra el crimen organizado.
La iniciativa se enmarca en el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por el gobierno al inicio de la administración. Mancheno ha manifestado que los legisladores tienen la responsabilidad de devolver seguridad a los ciudadanos que les permitieron llegar a sus curules, posicionando la Ley AntiMafia como un instrumento clave para cumplir con ese compromiso.