Juan perdió su empleo y buscaba un préstamo para pagar deudas. Sin cuenta en un banco formal, recurrió a un chulquero que le ofreció dinero a cambio de un favor: trasladar un vehículo de Tungurahua a Quito. Lo que no sabía es que la camioneta transportaba 500 paquetes de cocaína. Una patrulla antinarcóticos lo detuvo en la carretera y fue condenado a 22 años de prisión. Casos similares se repiten en varias provincias: prestamistas ofrecen dinero a cambio de conducir vehículos que ocultan droga o activos vinculados a actividades criminales.
Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, el chulco o préstamo informal se ha convertido en un engranaje crucial de las economías delictivas. El informe identifica cómo estos créditos, ofrecidos a tasas entre 20 y 100 por ciento mensual, sirven simultáneamente para blanquear dinero sucio e integrar ciudadanos vulnerables en operaciones criminales. Un tercio de la población ecuatoriana tiene empleo formal; el resto enfrenta desempleo o informalidad. Mientras el 81 por ciento posee cuenta bancaria, solo el 29 por ciento accede a créditos formales, forzando a millones a recurrir a prestamistas ilegales.
Los casos documentados muestran la escalada de deudas imposibles de pagar. Una mujer en Sucumbíos solicitó 1.200 dólares que se convirtieron en 4.800; el prestamista amenazó con secuestrar a su hija y allanó su vivienda. Otra familia perdió su casa cuando una deuda de 500 dólares ascendió a 50.000. En otro caso, 5.000 dólares se transformaron en 42.000. Además de la usura tradicional, las redes criminales vinculan estos préstamos con tráfico de migrantes: ecuatorianos se endeudan para pagar a coyoteros y después reciben nuevas extorsiones de las mismas organizaciones.
El análisis judicial revela un problema estructural: mientras se condenan a choferes, prestamistas y cobradores, las investigaciones no llegan a las cabezas de las organizaciones. De 756 investigaciones entre 2017 y 2022, solo ocho resultaron en sentencias condenatorias. Las cifras oficiales tampoco reflejan la magnitud real del problema. Denuncias por usura oscilaron entre 315 y 371 casos anuales, pero extorsiones crecieron exponencialmente de 1.616 noticias en 2010 a más de 16.000 en 2025, sugiriendo que la gente denuncia solo cuando enfrenta amenazas graves.
Byron Villagómez, líder técnico del observatorio, señala una paradoja geográfica: provincias serranas como Chimborazo concentran la tasa más alta de denuncias por captación ilegal de dinero pero registran bajos niveles de violencia; provincias costeras muestran pocas denuncias pero homicidios elevados. Esto refleja que en la Costa el crimen organizado ya consolidó control territorial, disuadiendo denuncias por temor, mientras en la Sierra aún no impone ese control absoluto.
Para contener la expansión, el observatorio recomienda que el Estado fortalezca políticas de inclusión financiera y productos de crédito formal accesibles. También propone que el sistema financiero rastree inconsistencias en movimientos de dinero vinculados a mafias. Sin embargo, la tarea es urgente: se estima que mercados criminales en Ecuador mueven entre 3.910 y 6.516 millones de dólares anuales, equivalente al 2 a 5 por ciento del PIB. En Colombia, la usura denominada 'gota a gota' moviliza cerca de 1 millón de dólares diarios.
El dilema subyacente es que el crimen organizado se ha convertido en un proveedor informal de liquidez para una población excluida del sistema financiero formal. Sin fuentes de empleo adecuado ni acceso a créditos, los ciudadanos vulnerables terminan atrapados en ciclos perversos donde pedir dinero prestado equivale a colaborar con estructuras delictivas que blanquean ganancias del narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y extorsión. Mientras el Estado no ataque la ruta del dinero llegando a los beneficiarios finales, el chulco seguirá siendo un arma eficaz en manos del crimen.
