En la madrugada del viernes 23 de octubre, la Fiscalía ejecutó la Operación Código Blanco, allanando el Hospital General Docente de Ambato y dos domicilios particulares. El operativo forma parte de una investigación por presunta concusión en contra del gerente en funciones y una exdirectora de la institución sanitaria, quienes habrían exigido pagos indebidos a cambio de puestos laborales.
Según información del Ministerio del Interior, la denuncia ingresó a través de la línea 1800-DELITO. Los denunciantes señalaron que los funcionarios investigados solicitaban montos que oscilaban entre USD 3.000 y USD 7.000 para asignar empleos, sin que los candidatos cumplieran con los procesos de postulación establecidos por la institución.
Durante los allanamientos, los agentes de la Fiscalía se enfocaron en las oficinas de Gerencia General y Talento Humano del hospital. El operativo permitió incautar material probatorio relevante, incluyendo cuatro teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, documentos sobre hojas de vida y procesos de selección de personal, además de USD 4.000 en efectivo que se encontraba en poder de los investigados.
La exdirectora señalada en la investigación actualmente se desempeña como médica tratante en la misma institución. Este dato sugiere que los hechos investigados habrían ocurrido cuando aún ejercía cargos directivos en el hospital, lo que aumentaría la gravedad de las acusaciones sobre abuso de autoridad.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a servidores públicos que abusando de su cargo exijan o ordenen entregar derechos o contribuciones no debidas. La pena establecida va de tres a cinco años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias probadas durante la investigación.
La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer completamente los hechos denunciados. Los investigadores buscarán determinar la responsabilidad penal de los implicados y el alcance de la presunta red de corrupción dentro de la institución sanitaria, analizando la documentación y dispositivos electrónicos incautados.
Este caso refleja las acciones que realiza la Fiscalía para combatir la corrupción en instituciones públicas. El operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para investigar abusos de autoridad y malversación de funciones en organismos estatales, especialmente aquellos que inciden en el acceso a derechos fundamentales como el empleo.