Durante la audiencia de formulación de cargos del Caso Laberinto, la Fiscalía General del Estado presentó su hipótesis sobre la participación de Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre en presuntos delitos de lavado de activos. Según los investigadores, aproximadamente USD 500.000 provenientes de la comercialización ilícita de hidrocarburos habrían sido canalizados para financiar la campaña presidencial 2023 de Revolución Ciudadana. El viernes 23 de octubre, el juez dictó prisión preventiva para González, Díaz y Onofre, mientras que Molina recibió medidas menos restrictivas.
La investigación fiscal se centra en las inconsistencias en el origen de los aportes económicos reportados y en gastos de publicidad electoral que no habrían sido informados al Consejo Nacional Electoral. Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la campaña, reportó oficialmente 64 aportes de personas naturales por USD 201.360. Sin embargo, los fiscales aseguran que funcionó paralelamente un mecanismo alterno para transferir y utilizar recursos de origen ilícito entre mayo y octubre de 2023.
La Fiscalía vincula a Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., compañía relacionada con el entorno empresarial del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, como intermediaria clave en el esquema. Tanto Álvarez como la empresa cuentan con sentencias condenatorias de primera instancia en el caso Triple A por hechos asociados a la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos. Este antecedente refuerza la hipótesis de conexión entre actividades delictivas y el financiamiento de la campaña.
Los investigadores identifican dos vías principales para la movilización de los fondos. La primera corresponde a transferencias bancarias desde cuentas de Ternape hacia proveedores de publicidad electoral: las proformas habrían constatado a nombre de Revolución Ciudadana, mientras que las facturas posteriores figurarían bajo el nombre de la compañía. La Fiscalía también refiere una comunicación del 18 de agosto de 2023 en la que se habría solicitado que una factura no incluyera la palabra 'campaña', lo que los investigadores interpretan como un intento de desvincular los pagos de su destino electoral.
La segunda vía operativa se habría concretado mediante cheques al portador, cuyo cobro permitía convertir recursos bancarios en efectivo. Este dinero se habría destinado a pagar brigadistas, cubrir movilización y financiar logística de la campaña. Según la Fiscalía, estas operaciones habrían permitido movilizar el dinero mediante un presunto esquema de lavado de activos que mantendría la identidad oculta de los aportantes originales.
La instrucción fiscal dispone de noventa días para desarrollar la investigación por el delito de lavado de activos, que contempla penas de 10 a 13 años de prisión. El caso representa uno de los escándalos político-financieros más complejos en la historia reciente de Ecuador, implicando a figuras prominentes de la política nacional y presuntamente conectando al crimen organizado con procesos electorales.
La detención de Luisa González, quien fue candidata presidencial en 2023, ha generado repercusiones políticas significativas. El caso amplía el debate sobre financiamiento de campañas políticas y lavado de activos en el país, mientras las autoridades continúan investigando la posible participación de otros actores en el esquema identificado.