Una nueva controversia envuelve al expresidente colombiano Gustavo Petro tras las acusaciones de una excontratista estatal que asegura haber recibido ofertas de contratos públicos a cambio de favores sexuales. La disputa se intensificó a mediados de noviembre de 2026 cuando Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que trabajó como contratista durante la administración Petro, publicó en redes sociales un video de 54 segundos que pretende respaldar sus denuncias.
El material difundido en Instagram muestra una interacción entre Jiménez y Petro que concluye con un beso. Junto a la publicación, la mujer escribió que divulgaba el video como prueba de veracidad de sus acusaciones y expresó preocupación por la seguridad de ella y su familia, solicitando protección a las autoridades colombianas. Asimismo, manifestó confianza en la justicia y pidió garantías para evitar represalias.
Según la información disponible, Jiménez habría obtenido al menos diez contratos estatales durante la gestión de Petro. Los acuerdos incluyen contratos con el Senado en 2023, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 2025, y el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026. Las acusaciones desencadenaron investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia, mientras que Jiménez rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
El expresidente rechazó categóricamente los señalamientos y cuestionó el uso de contenido íntimo como herramienta en una controversia política. Petro afirmó que nunca utilizó contratos del Estado para obtener favores personales y destacó que las mujeres contratadas en su gobierno fueron seleccionadas por su capacidad y esfuerzo profesional. Además, puso en duda el valor probatorio del material difundido, argumentando que no ha sido sometido a análisis pericial ni valoración judicial.
El exmandatario enfatizó que la grabación circulante no ha sido examinada por peritos ni valorada por jueces, y cuestionó aspectos fundamentales como su origen, antigüedad y contenido real. Subrayó que el video no constituye evidencia de corrupción porque no muestra contratos, pagos ni decisiones gubernamentales concretas. Señaló además que quien busca justicia debe presentar pruebas ante la Corte, no a través de redes sociales o titulares mediáticos.
Petro anunció que enfrentará las acusaciones mediante los canales judicales establecidos y no mediante confrontaciones en plataformas digitales. Citó una orden de reserva que cumple escrupulosamente y expresó su disposición de responder en el expediente judicial correspondiente. Informó asimismo que instruyó a su abogado para interponer acciones ante las autoridades por la difusión del material íntimo.
Esta controversia se suma a otros señalamientos políticos que ha enfrentado el expresidente en los últimos meses. La Corte Suprema de Justicia inició indagaciones desde el 23 de octubre sobre presuntas irregularidades contractuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia y otras instituciones públicas durante su administración, evidenciando la complejidad de las investigaciones que rodean su gestión.