El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, salió al paso de las acusaciones de persecución política formuladas por el expresidente Rafael Correa tras los cargos imputados por Estados Unidos contra Jacobo Bucaram y cuatro personas más, entre ellas integrantes de la familia Estrada. Según la fuente, Neira argumentó que las evidencias hablan por sí solas y señalan hacia estructuras criminales históricas.
Las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Jacobo Bucaram, al exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla, a su hijo Jaime Estrada Medranda y a otros dos procesados de conspirar durante más de una década para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Estos personajes mantenían vínculos políticos con la Revolución Ciudadana, partido de Correa que gobernó Ecuador durante años.
Jaime Estrada Medranda fue asambleísta correísta entre 2021 y 2022 e intentaba postularse para la Prefectura de Manabí en lugar de Luisa González, aunque su candidatura no fue calificada. Su vinculación con la estructura política correísta refuerza el debate sobre si los cargos responden a motivaciones políticas o a delitos concretos de tráfico de drogas.
En su respuesta pública, Neira se dirigió directamente a Correa, quien ha sostenido que las detenciones corresponden a una estrategia de persecución. El funcionario aseguró que las estructuras creadas bajo el liderazgo correísta, basadas en corrupción, tráfico de drogas y lavado de activos, van cayendo progresivamente. Sostuvo que continuarán combatiendo a funcionarios que se camuflan de opositores para parecer víctimas.
Correa reaccionó con emoticones de risa a la publicación de Neira y lo calificó como sinvergüenza, argumentando que no es persecución únicamente porque esté involucrado Estados Unidos en el proceso. Esta respuesta refleja la polarización política en torno a las acusaciones de narcotráfico contra figuras correístas.
El intercambio entre Neira y Correa pone de manifiesto un debate más profundo sobre la relación entre justicia penal internacional y política doméstica en Ecuador. Mientras el gobierno actual insiste en que los cargos reflejan investigaciones independientes basadas en pruebas, sectores correístas denuncian persecución política sistemática contra sus figuras.
Los cinco acusados enfrentan cargos específicos por tráfico de drogas en jurisdicción estadounidense, en un caso que podría tener implicaciones políticas significativas en Ecuador. La investigación mantiene a la opinión pública dividida sobre si representa un avance en la lucha contra el crimen organizado o una acción selectiva motivada por enfrentamientos políticos internos.