La detención de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, generó una rápida reacción de su padre, quien salió a defender públicamente al joven a través de redes sociales. En su pronunciamiento, el exmandatario rechazó categóricamente las acusaciones de narcotráfico y aseguró que su familia demostrará la inocencia de Jacobo ante las autoridades judiciales estadounidenses. Sin embargo, el expresidente no aportó pruebas concretas que respalden sus afirmaciones de persecución política.
La captura de Jacobo Bucaram, junto con Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, fue ejecutada por la Policía Nacional en Guayaquil el miércoles 4 de noviembre. La operación formó parte de un esfuerzo coordinado de carácter regional que involucró la participación de autoridades ecuatorianas, panameñas, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), INTERPOL y el Gobierno estadounidense. En Panamá, simultáneamente, fueron detenidos el exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla y el exlegislador Jaime Estrada Medranda.
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, los cinco ciudadanos cuentan con notificaciones rojas emitidas por INTERPOL y son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Las autoridades ecuatorianas pusieron a los detenidos a disposición de los organismos competentes para que continúen con los trámites correspondientes a sus potenciales extradiciones hacia territorio estadounidense. Reimberg enfatizó que el procedimiento responde a investigaciones formales con participación internacional.
Esta detención agrega un nuevo capítulo a los problemas legales que enfrenta la familia Bucaram. Apenas hace poco más de un mes, en septiembre de 2026, un Tribunal de Garantías Penales de Quito condenó a Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación en el caso denominado Pruebas COVID-19. En ese mismo proceso, su padre Abdalá recibió una sentencia idéntica bajo la misma condición de colaborador en delincuencia organizada.
El caso COVID-19 investigó una estructura operativa que funcionó durante la pandemia de 2020 con el propósito de generar ganancias irregulares mediante la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos. La Fiscalía estableció que en una propiedad del expresidente ubicada en Guayaquil se almacenaban miles de pruebas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación. Jacobo Bucaram fue acusado de financiar la adquisición de estos productos mediante un pago de 321.600 dólares en efectivo.
Con esta nueva acusación por narcotráfico, que se suma a la condena previa por irregularidades en la comercialización de insumos médicos, Jacobo Bucaram enfrenta una situación legal compleja en múltiples jurisdicciones. La defensa realizada por su padre a través de las redes sociales contrasta con la gravedad de los cargos formales presentados por autoridades internacionales. Los próximos pasos en el proceso extradición determinarán si el joven comparecerá ante tribunales estadounidenses para responder por los delitos de los que es acusado.
Nota: Este artículo es un resumen basado en información de Vistazo y requiere verificación editorial. Se recomienda contactar a las autoridades competentes para obtener declaraciones oficiales y actualizaciones sobre el estado procesal de los detenidos.