El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó en una conferencia de prensa del 17 de octubre los alcances reales de su propuesta de liberación anticipada para detenidos. Según el mandatario, la medida no incluye a integrantes formales de pandillas, sino exclusivamente a personas que prestaron colaboración ocasional o circunstancial a estas organizaciones criminales y que actualmente cumplen condena.
Bukele indicó que su administración ha identificado aproximadamente 10.629 personas catalogadas como colaboradoras ocasionales sin pertenencia formal a estructuras de bandas delictivas. Estos casos serían sometidos a una revisión individual para determinar su elegibilidad dentro del programa de beneficios penitenciarios, enfatizando que cada expediente se evaluaría según el grado de participación en actividades ilícitas.
El programa denominado Cero Ocio constituye el mecanismo para otorgar beneficios penitenciarios a cambio de participación en obras públicas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, aproximadamente el 50% del grupo identificado como colaboradores ocasionales podría acceder a este esquema de rehabilitación y reducción de penas, facilitando su reintegración social.
El mandatario reiteró categóricamente que ningún pandillero será liberado bajo esta iniciativa y que los posibles beneficiarios recibirán medidas diferenciadas conforme a su participación en delitos de menor gravedad. Bukele sostuvo que aunque los candidatos cometieron infracciones, su naturaleza circunstancial justifica el análisis personalizado de cada caso dentro del nuevo marco penitenciario.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la implementación del programa, señalando que también se aplica a personas detenidas durante operativos contra pandillas que aún no han recibido sentencia judicial condenatoria. Esta tensión entre el enfoque gubernamental y las críticas humanitarias evidencia la complejidad de las políticas de seguridad en El Salvador.
El objetivo declarado de la medida es facilitar la rehabilitación de determinados detenidos mediante su participación en proyectos de obras públicas, permitiéndoles recuperar su libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas originales. La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia más amplia del gobierno salvadoreño para abordar el sistema penitenciario sobrecargado.
La aclaración presidencial busca despejar dudas sobre alcances y criterios de elegibilidad que habían generado debate en la sociedad salvadoreña. Bukele enfatizó que la diferenciación entre pandilleros formales y colaboradores ocasionales es fundamental para justificar la medida como parte de una política de reinserción selectiva y controlada.
