Ecuador enfrenta una crisis de penetración del crimen organizado en sus gobiernos locales. Desde 2025, diez alcaldes actualmente en funciones están siendo investigados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El punto de inflexión se marcó el 4 de noviembre, cuando el ministro del Interior John Reimberg anunció la captura del ex alcalde de Manta, Jaime Estrada, en un operativo que también incluyó la detención de Jacobo Bucaram, hijo del expresidente.
Un informe aprobado a finales de octubre por una comisión legislativa expone hallazgos alarmantes. De 251 autoridades investigadas, el 38 por ciento —equivalente a 95 expedientes— fueron clasificadas en alertas roja o naranja. Esta documentación fue remitida a la Fiscalía General, Contraloría, Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero para investigar esquemas de testaferrismo, sociedades de pantalla y posible uso de paraísos fiscales.
Los especialistas identifican cuatro factores que facilitaron esta infiltración. El primero es la reforma del artículo 114 del Código de la Democracia de 2009, que modificó radicalmente las reglas electorales. Anteriormente, no podían candidatizarse quienes enfrentaban auto de llamamiento a juicio plenario. La nueva normativa estableció que solo una sentencia ejecutoriada rompe la presunción de inocencia, lo que en la práctica permitió participación política de personas con historial judicial. Además, el artículo 108 prohíbe procesar penalmente a candidatos desde su calificación hasta la proclamación de resultados.
El segundo factor es la degradación de las organizaciones políticas en simples vehículos electorales. Un estudio de Participación Ciudadana reveló que el 40 por ciento de las 233 organizaciones políticas registradas mantenían cerrado, suspendido o inactivo su Registro Único de Contribuyentes. Más de la mitad había registrado direcciones diferentes ante el electoral y ante el ente tributario. Entre agosto y septiembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral aprobó 102 nuevas inscripciones, multiplicándose estructuras locales sin supervisión adecuada.
El tercer elemento es la falta de filtros en el registro de organizaciones. El estudio identificó estructuras políticas comandadas por empresarios con contratos estatales, figuras que ocuparon cargos públicos anteriormente, y casos de caciquismo donde parientes de inhabilitados abren nuevas tiendas políticas. Al menos cuatro casos se detectaron en El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, con directivos encausados por delincuencia organizada y corrupción.
El cuarto factor es la utilidad operativa para el crimen organizado. Contar con autoridades locales aliadas o cooptadas permite acceso a información sobre predios catastrales municipales, manejo de agencias de tránsito para matrículas y licencias, y blindaje de operaciones ilícitas. El caso del ex alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, ilustra esto: según fiscalía, integró una red que obtenía dinero ilegal mediante actividades mineras, venta de explosivos y posible exportación de oro sin sustento legal.
Las advertencias sobre infiltración del crimen organizado datan de antes de las elecciones seccionales de 2023, cuando reportes reservados ya alertaban que organizaciones delictivas buscaban capturar alcaldías y prefecturas estratégicas. Para entonces, candidatos con problemas judicales ya participaban en procesos electorales anteriores. La magnitud actual del fenómeno sugiere que el enquistamiento es profundo y sistémico en varias administraciones municipales del país.