El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó directamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos con la operación que derivó en la detención de Jacobo Bucaram Pulley y otras cuatro personas, aclarando que Ecuador actuó únicamente en ejecución de las órdenes internacionales emitidas por la agencia norteamericana. Según Reimberg, las autoridades de Estados Unidos fueron quienes iniciaron las investigaciones y coordinaron las notificaciones rojas de Interpol que permitieron proceder con las capturas en territorio ecuatoriano.
Bucaram fue aprehendido en Guayaquil junto a dos individuos identificados como William B.P. y Geovanny F. M. El político vinculado a múltiples controversias cuenta con una sentencia previa de nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, derivada del caso de las pruebas Covid-19, proceso en el que también fue condenado su padre Abdalá. Ahora enfrenta nuevas acusaciones por presunto narcotráfico.
La operación de alcance regional también resultó en la captura en Panamá de Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta de 71 años que ejerció el cargo entre 2009 y 2014, y su hijo Jaime Estrada Medranda, exdiputado correísta que ocupó una curul en la Asamblea entre 2025 y 2026. Ambos permanecen en prisión bajo cargos de narcotráfico, confirmó Reimberg.
El contexto político rodea estos arrestos con tensión: Estrada Bonilla se había registrado como candidato a la Alcaldía de Manta para las elecciones seccionales del 19 de noviembre, mientras su hijo buscaba la Prefectura de Manabí, aunque su candidatura no fue calificada. Estas detenciones se producen días antes de los comicios locales planificados.
Los allegados a los detenidos rechazaron las acusaciones y cuestionaron la legalidad de las operaciones. La familia Estrada y el movimiento Sí Podemos de Manabí calificaron las detenciones de 'arbitrarias e ilegales', denominando la operación como una 'estrategia siniestra' dirigida a sabotear el desempeño político de Estrada Bonilla. Estas críticas reflejan la polarización que rodea el caso.
Reimberg enfatizó que todos los detenidos continúan bajo custodia y enfrentan cargos formales por narcotráfico, siendo investigados por estructuras criminales. El ministerio ha mantenido que Ecuador cumplió protocolos internacionales al ejecutar las órdenes de captura coordinadas por agencias estadounidenses, dejando clara la participación externa en la investigación.
El caso representa un nuevo capítulo en el declive político y legal de la familia Bucaram y genera interrogantes sobre la coordinación entre autoridades estadounidenses y ecuatorianas en operaciones contra el narcotráfico. Los arrestos también ponen en evidencia las conexiones potenciales entre figuras políticas locales y actividades criminales, tema que seguirá siendo investigado en los juzgados.