La jornada inicial del programa Jóvenes en Acción en Guayaquil se desarrolló entre la confusión y la frustración. Este jueves 5 de noviembre, decenas de jóvenes se presentaron en la Escuela César Andrade Cordero, ubicada en el sector de Las Orquídeas al norte de la ciudad, con la intención de iniciar sus pasantías. Sin embargo, la mayoría debió regresar a sus hogares tras enterarse de que el evento solo disponía de 25 cupos, generando protestas y reclamos entre los participantes que viajaron desde distintas zonas.
La confusión comenzó desde la inscripción. Según relató una joven participante a medios locales, las inscripciones se habilitaron recién pasadas las 23:00 horas del miércoles anterior a través de la plataforma de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que dirige esta brigada del programa. La beneficiaria logró registrarse e incluso obtuvo un código de entrada para la jornada, pero al llegar al establecimiento le informaron que su nombre no constaba en el sistema y que ya no había espacio disponible.
Los reclamos fueron inmediatos. Varios participantes manifestaron su inconformidad, expresando frases como 'madrugué en vano' y cuestionando por qué tenían que trasladarse desde el sur hasta el norte de la ciudad si no garantizaban su entrada. Algunos viajantes reportaron que recorrieron distancias considerables para cumplir con la actividad. Los jóvenes exigían respuestas sobre la falta de coordinación y solicitaban al menos poder firmar la asistencia como constancia de su participación.
Las redes sociales no tardaron en reflejar el desorden. Participantes compartieron videos en TikTok documentando la aglomeración y la desorganización del evento, con clips que mostraban a jóvenes aglomerados en la escuela expresando su molestia. Uno de estos registros visuales llevó a una advertencia: según reportó un beneficiario, el tutor del programa pidió a través de WhatsApp que retiraran los videos, amenazando con consecuencias para quienes no lo hicieran.
La restricción a la libertad de expresión generó mayor inquietud. Durante la charla de introducción, el tutor enfatizó que no estaba permitido grabar ni compartir contenido en plataformas digitales, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría resultar en la expulsión del programa. Esta medida suma a las tensiones del primer día de actividades, contradiciendo el espíritu colaborativo que el Gobierno dice promover con esta iniciativa.
El programa Jóvenes en Acción ofrece un pago total de USD 800 a cerca de 700 mil participantes que completen diversas actividades. La cuarta fase inició el miércoles 4 de noviembre y consiste en pasantías dentro de ministerios y empresas privadas. Sin embargo, aquellos jóvenes que no cumplan con sus funciones asignadas deberán restituir los valores recibidos, según establece el decreto presidencial de Daniel Noboa.
Las entidades ejecutoras, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, son responsables de adoptar las acciones necesarias para recuperar el dinero de quienes incumplan. Este primer tropiezo organizativo genera dudas sobre la capacidad de coordinación del programa para gestionar adecuadamente a cientos de miles de beneficiarios en las próximas fases.