En la madrugada del jueves 5 de noviembre, autoridades ejecutaron la Operación Zeus 4, un megaoperativo que resultó en la captura de 14 personas vinculadas a una de las facciones más violentas de la organización criminal Los Lobos. La intervención fue simultánea en seis provincias del país —Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena— con 25 allanamientos coordinados tras ocho meses intensos de investigación.
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, esta célula criminal operaba principalmente en los cantones Quevedo y Buena Fe, en Los Ríos, donde es responsable directo de aproximadamente 60 muertes. La estructura utilizaba patrones de extrema violencia, incluyendo sicariatos, decapitaciones, secuestros y extorsiones sistemáticas contra la población local. Entre los detenidos figuran presuntos cabecillas e individuos de interés penal relevante (IIPR).
El despliegue policial fue masivo: más de 350 agentes participaron en el operativo, acompañados por 22 fiscales, el Centro Nacional de Inteligencia y unidades tácticas especializadas. La cooperación internacional incluyó apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, municiones, vehículos robados, sustancias fiscalizadas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Las investigaciones revelaron que la organización operaba con una estructura financiera significativa. El flujo bancario de esta facción alcanzó aproximadamente USD 5 millones durante el último año, financiado mediante el tráfico de drogas, extorsiones y actividades delictivas conexas. Este dato sugiere una red criminal sofisticada y bien establecida en la región.
El ministro Reimberg enfatizó el compromiso gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que continuarán las operaciones contra los criminales. La captura de esta facción representa un golpe significativo contra Los Lobos, aunque expertos advierten que el grupo criminal mantiene otras células activas en diferentes regiones del país.
Este megaoperativo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para combatir la violencia criminal en Ecuador. La cooperación interinstitucional, el trabajo de inteligencia coordinado y el apoyo internacional han permitido avances en la identificación y neutralización de estructuras criminales que aterrorizan a poblaciones vulnerables.
Las autoridades continúan investigando conexiones adicionales de los detenidos y rastrean posibles nexos con otras bandas criminales. Este caso subraya la complejidad de la criminalidad organizada en Ecuador y la necesidad de operaciones de largo aliento para desmantelar estructuras delictivas arraigadas en territorios específicos.