La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Los 144 asambleístas presentes votaron a favor de la actualización del marco legal, que busca fortalecer la defensa de derechos humanos, prevenir la explotación y combatir las economías criminales que operan en el país.
Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y ponente del informe, destacó que la reforma constituye una respuesta crucial frente a una de las vulneraciones más graves de la dignidad humana que enfrenta Ecuador. La nueva normativa alinea la legislación nacional con estándares internacionales y da cumplimiento a la sentencia del caso Furukawa emitida por la Corte Constitucional.
Entre los cambios más significativos está la protección reforzada para niños, niñas y adolescentes. La reforma elimina la exigencia de probar medios comisivos como amenazas, fuerza o engaño para configurar el delito de trata cuando las víctimas son menores de edad. Además, tipifica como delitos autónomos el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada, e incorpora la servidumbre de la gleba como modalidad de explotación.
Las penas por trata de personas se incrementaron significativamente en el Código Orgánico Integral Penal. El tipo básico agravado pasará de 19 a 22 años; alcanzará 22 a 26 años si la víctima pertenece a un grupo prioritario o existe vínculo de dependencia; llegará a 26 a 30 años si se causan daños graves o irreversibles, y será de 30 a 35 años cuando resulte la muerte de la víctima.
La reforma garantiza protección integral, atención médica y asistencia legal inmediata a las víctimas sin condicionarlas a participar en procesos penales. También establece un protocolo obligatorio de evaluación de riesgos antes de ejecutar retornos asistidos, fortaleciendo los derechos de las personas afectadas por estos delitos.
En materia de investigación, se faculta a la Fiscalía General del Estado para realizar investigaciones financieras y patrimoniales paralelas en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, con el objetivo de rastrear e inmovilizar activos ilícitos vinculados al crimen organizado. La reforma también incorpora mecanismos preventivos y canales de denuncia anónima para enfrentar la captación de víctimas mediante plataformas digitales y redes sociales.
Durante el debate, los asambleístas enfatizaron la necesidad de fortalecer las herramientas de justicia, combatir la impunidad y coordinar acciones con gobiernos autónomos descentralizados. El proyecto será remitido al presidente de la República para su sanción, conforme a los procesos constitucionales establecidos.