Agentes de la Fiscalía llegaron en la madrugada del 20 de octubre a la vivienda del juez Renán Andrade para ejecutar un allanamiento y recabar elementos de convicción por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el magistrado no se encontraba en el inmueble cuando las autoridades llegaron al sitio. Darwin Jaramillo, fiscal provincial de Pichincha, informó que mediante las cámaras de seguridad de la urbanización se constató que Andrade abandonó la casa exactamente 10 minutos antes de que se emitiera la orden de detención.
El fiscal también reveló que el juez apagó su teléfono celular a las 21:40 del día anterior al operativo. Estos detalles llevaron a Jaramillo a denunciar una posible filtración de información al interior de la Fiscalía, que podría haber alertado al magistrado sobre las acciones en su contra. El fiscal manifestó que esta brecha de seguridad "deberá ser investigada para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan".
Por su parte, Renán Andrade niega cualquier responsabilidad y caliifica la acción de la Fiscalía como una "retaliación" política. El magistrado sostiene que la investigación está vinculada a su desacuerdo con la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción, una polémica decisión del Consejo de la Judicatura. Según Andrade, cuatro días después de interponer una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional junto con la jueza Karol Zambrano, se reactivó una investigación en su contra.
En un comunicado dirigido al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg, el juez Andrade pidió intervención para detener lo que considera una persecución injustificada. Explicó que la investigación lo acusa de hechos ocurridos entre 2020 y 2025, pero durante la mayor parte de ese período no ejercía como magistrado, sino como defensor público. Cuestionó también la precisión de los datos en la investigación, ejemplificando con dos propiedades en Pedernales que la Fiscalía valúa en más de 4 millones de dólares, pero que según él no suman ni 45 mil dólares.
Andrade reconoció haber cometido errores en su carrera, pero insistió en que la acción que interpuso ante la Corte Constitucional respondía a un tema de orden jurisdiccional, no a una intención de perjudicar al Consejo de la Judicatura. El magistrado expresó su disposición a renunciar al cargo si eso significa poner fin a la persecución que dice experimentar.
Finalmente, el juez aclaró que no ha huido del país y que permanecerá en su puesto mientras las autoridades no tomen otras medidas. Afirmó haber intentado servir en su cargo, reconociendo errores propios, pero rechazando que la investigación actual tenga fundamento legal más allá de represalias por su posición respecto a la reforma judicial.
La Fiscalía mantiene la investigación en reserva y aún no ha revelado detalles específicos sobre los cargos. Esta situación refleja tensiones más amplias dentro del sistema judicial ecuatoriano respecto a las facultades del Consejo de la Judicatura y las garantías procesales de los magistrados bajo investigación.