La excandidata presidencial Luisa González completó su primer día recluida en el Centro de Privación de Libertad Chimborazo N.º 3 de Riobamba, tras una orden de prisión preventiva dictada por un juez en el marco de la investigación denominada caso Laberinto. Este proceso investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado con el financiamiento de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023.
A través de su cuenta en redes sociales, se difundió un comunicado el sábado 24 de octubre en el que se cuestionan los procedimientos de las autoridades durante la detención y el traslado de González. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que la excandidata haya redactado personalmente el mensaje desde dentro del centro penitenciario, lo que genera incertidumbre sobre su autoría.
Ricardo Patiño, dirigente de Revolución Ciudadana, informó a la agencia EFE que el movimiento político no ha logrado establecer contacto con González, lo que ha impedido conocer detalles sobre cómo transcurrió su jornada en prisión. Expresidentes como Rafael Correa y figuras internacionales como Gustavo Petro y Ernesto Samper expresaron su respaldo, mientras que periodistas cuestionaron aspectos del proceso judicial.
González fue trasladada a Riobamba la noche del viernes 23 de octubre, después de un complejo recorrido que incluyó un vuelo desde Guayaquil hasta Latacunga y un traslado terrestre bajo custodia policial y militar. Previamente había permanecido en el Cuartel Modelo de Guayaquil tras ser detenida en la parroquia Canuto, Manabí, y su ingreso al penal se concretó tras una extensa audiencia donde el juez acogió el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía.
El centro penitenciario donde permanece González es un establecimiento de mínima seguridad con capacidad para poco más de 75 personas, ubicado en el norte de Chimborazo. Aunque recibió reconocimiento municipal en 2024 por programas de rehabilitación, registró incidentes recientes: el 18 de octubre se encontraron celulares y drogas durante una requisa en celdas de internas.
La Fiscalía investiga el posible ingreso de recursos de origen ilícito y supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos electorales en la campaña de 2023. Además de González, también fueron ordenadas prisiones preventivas para Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que para Estefanía Molina se dispusieron medidas alternativas como presentaciones periódicas y vigilancia electrónica.
González ha rechazado categóricamente las acusaciones y se ha declarado víctima de persecución política. El caso ha generado repercusiones internacionales, con cuestionamientos sobre aspectos del proceso judicial y debates sobre la separación de poderes, mientras se mantiene pendiente el desarrollo de la investigación sobre el financiamiento electoral cuestionado.