La excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, arribó este viernes por la noche al aeropuerto de Latacunga con un dispositivo de seguridad integrado por militares y policías. Su llegada a la provincia de Cotopaxi se produjo horas después de abandonar el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde permanecía custodiada desde su detención.
Un juez dictaminó prisión preventiva en contra de González por el presunto delito de lavado de activos, investigación que forma parte del conocido Caso Laberinto. La medida cautelar fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, que mantiene la acusación contra la exaspirante a la Presidencia junto a otros imputados en la misma causa.
En el terminal aéreo, González se mantuvo bajo vigilancia constante de los efectivos de seguridad. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo particular de color negro acompañada por elementos policiales y militares que aseguraron su movilización. Las autoridades no han confirmado oficialmente su ingreso a la Cárcel de Latacunga, aunque se anticipa que sería conducida directamente al centro penitenciario.
La detención de González ocurrió en la madrugada del jueves tras un allanamiento en su residencia ubicada en Manabí. La operación fue ejecutada en el marco de las investigaciones sobre presuntas actividades ilícitas de financiamiento relacionadas con el movimiento político que lideró como candidata.
Junto a González, la Fiscalía solicitó y obtuvo prisión preventiva para Santiago Díaz, exasambleísta, quien ya se encontraba encarcelado por otro caso, y para Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO. Los tres procesados enfrentan cargos por su presunta participación en actividades de lavado de activos según los fiscales.
Esta detención se suma a una serie de investigaciones que han alcanzado a figuras políticas del correísmo en Ecuador. El caso forma parte de una línea de pesquisas sobre el financiamiento de organizaciones políticas y movimientos sociales que habrían recibido recursos de origen cuestionable.
El operativo de traslado de González desde Guayaquil hasta Cotopaxi demandó importantes recursos policiales y militares, reflejando la sensibilidad política del caso y las medidas de seguridad requeridas por las autoridades para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar.