La audiencia de formulación de cargos en el Caso Laberinto continuó el jueves 22 de octubre de 2026 en el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde se presentan elementos probatorios contra la excandidata presidencial Luisa González y otros sospechosos. La diligencia forma parte de una investigación que apunta a irregularidades en el financiamiento político de la campaña 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.
González permanece aprehendida tras un allanamiento en su residencia ubicada en la parroquia Canuto del cantón Chone. Junto a ella, la Fiscalía General del Estado investiga al exasambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, a Estefanía Elizabeth Molina Freire y al excandidato presidencial Andrés David Arauz Galarza. Los cuatro enfrentan cargos por presunto lavado de activos destinado a financiar la campaña de la Lista 5.
Según la investigación fiscal, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, se habrían utilizado empresas para canalizar aproximadamente 500 mil dólares sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. La Fiscalía concentra sus esfuerzos en esclarecer el origen de los recursos utilizados entre mayo y agosto de 2023, período crítico de la campaña electoral.
Una línea de investigación central menciona al alcalde Aquiles Álvarez. Según el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, existen chats intercambiados el 26 de julio de 2023 donde un cooperador consulta sobre un presupuesto global de campaña de 500 mil dólares. La respuesta, atribuida a un contacto guardado como "Aquiles Alvarez 1", especifica destinar fondos a brigadistas, camisetas y otros gastos, con pago en efectivo.
Las autoridades también investigan vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario del alcalde y los recursos objeto de la investigación. Neira señaló que González encabeza la línea de investigación junto a al menos otras ocho figuras vinculadas a Revolución Ciudadana, incluyendo al expresidente Rafael Correa dentro del alcance de esta pesquisa.
Una hipótesis central apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña del binomio González-Arauz. Esta teoría complementa el análisis de los mensajes de texto y otros elementos probatorios que las autoridades utilizan para determinar qué personas naturales y jurídicas participaron en la presunta estructura de financiamiento irregular.
La Fiscalía continúa recopilando diligencias para consolidar su caso. Los chats presentados en audiencia, junto con análisis de movimientos de empresas y flujos de efectivo, constituyen pruebas clave para determinar la participación de cada investigado en lo que se describe como un esquema de lavado de activos destinado a eludir el control electoral.