La Fiscalía ecuatoriana ejecutó tres órdenes de detención el jueves 22 de octubre en las provincias de Pichincha y Manabí, dentro de la investigación denominada 'caso Laberinto'. Entre los aprehendidos se encuentra Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana. La acción forma parte de un proceso que indaga irregularidades en el financiamiento político y gastos electorales de la campaña presidencial de 2023.
Según información de la Fiscalía, el operativo apunta a investigar inconsistencias en los aportes económicos y el origen lícito de recursos utilizados durante la contienda electoral de hace tres años. El caso Laberinto señala a siete personas como sospechosas de estas irregularidades, incluidos González, el exasambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, Estefanía Elizabeth Molina Freire y el excandidato Andrés David Arauz Galarza.
El expresidente Rafael Correa fue de los primeros en reaccionar públicamente. A través de redes sociales, denunció que la detención forma parte de supuestos acuerdos entre el actual gobierno de Daniel Noboa y Díaz, quien permanece en la Cárcel 4 de Quito. Correa también cuestionó la participación de Molina en el caso, mencionando una controversia judicial previa relacionada con Díaz.
Desde la dirección de Revolución Ciudadana, la presidenta Gabriela Rivadeneira solicitó a la comunidad internacional que demande información sobre el paradero de González. De forma similar, la asambleísta correísta Mónica Palacios denunció una presunta persecución política, sugiriendo que la captura ocurrió después de impedirle ser candidata a la Prefectura de Manabí.
El expresidente colombiano Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema. En un mensaje público, afirmó que González fue arrestada y caracterizó la situación en Ecuador como el desarrollo de 'una verdadera dictadura', sumándose a las críticas internacionales sobre el proceso.
Esta detención se suma al denominado caso Caja Chica, investigación anterior que la Fiscalía mantiene abierta contra González y otros miembros de su movimiento político. Ese proceso investiga presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, con acusaciones de delincuencia organizada vinculada al lavado de activos.
Los hechos generan un escenario político complejo en Ecuador, con tensiones entre autoridades de justicia, gobiernos regionales y dirigentes opositores que cuestionan la independencia de las instituciones. Las reacciones internacionales reflejan preocupaciones sobre el estado del sistema democrático ecuatoriano y los procedimientos seguidos en la investigación.