La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González emitió un comunicado a través de redes sociales después de ser detenida en el marco de la investigación denominada caso Laberinto. En su mensaje, la líder correísta cuestionó la acusación en su contra, describiéndola como «absurda» y relacionándola con lo que considera una campaña sistemática de persecución política. González recordó que otros políticos vinculados a su movimiento han enfrentado situaciones similares, utilizando términos como «maltrato» y «tortura» para describir su experiencia.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, cuando Revolución Ciudadana participó en los comicios. Además de González, también están siendo investigados el exasambleísta Santiago Díaz Asque, el excandidato presidencial Andrés Arauz y Estefanía Molina Freire, quien manejó los recursos económicos de esa campaña. Según la entidad acusadora, los aportes habrían provenido de fuentes ilícitas y se habrían utilizado de manera irregular en publicidad electoral.
El caso Laberinto tuvo origen en una revisión administrativa del Consejo Nacional Electoral tras detectarse inconsistencias contables. El proceso se trasladó posteriormente al Tribunal Contencioso Electoral, que impuso una multa; sin embargo, ese organismo remitió la información a la Fiscalía para que continuara con investigaciones de carácter penal. La Revolución Ciudadana ha cuestionado esta escalada, argumentando que se trata de una discrepancia administrativa sobre un monto considerado menor, alrededor de 6.100 dólares estadounidenses.
La detención de González ocurre en un contexto de creciente presión judicial contra el correísmo. El movimiento fue suspendido por el Ministerio Público apenas cinco semanas antes de las elecciones seccionales, lo que impide su participación electoral. Esta medida estuvo vinculada a otra investigación, conocida como caso Caja Chica, también por presunto lavado de activos, donde González y otros siete militantes fueron procesados por supuesta financiación con efectivo proveniente de Venezuela.
Las acciones judiciales no se limitan a González. Paralelamente, la Fiscalía allanó las oficinas del Municipio de Quito, donde el alcalde Pabel Muñoz busca reelección. En tanto, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil también elegido en 2023 con apoyo correísta, cumple condena en la Cárcel del Encuentro. González había intentado presentarse como candidata a prefecta provincial de Manabí bajo la etiqueta del movimiento indigenista Pachakutik.
Desde Revolución Ciudadana denunciaron que el proceso penal por lavado de activos ha sido «montado de forma exprés» y que busca criminalizar lo que denominan una simple cuestión administrativa. El movimiento convoca a la unidad de las fuerzas progresistas para lo que considera una lucha por la libertad y la democracia. Este pronunciamiento refleja el enfrentamiento político que atraviesa Ecuador en torno a la judicialización de conflictos electorales.
La nota se basa en información de Vistazo y constituye un resumen de la fuente externa. Se recomienda al editor verificar declaraciones adicionales, antecedentes procesales y reacciones de otros actores antes de la publicación final.