La excandidata presidencial y expresidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, fue aprehendida en la madrugada del jueves 22 de octubre durante un allanamiento en su domicilio ubicado en la parroquia Canuto, cantón Chone, en Manabí. Horas después, el expresidente Rafael Correa confirmó a través de redes sociales que la activista política se encontraba detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, un complejo policial ubicado en la avenida de las Américas.
Según Correa, González permanece en el Cuartel Modelo sin fórmula de juicio, lo que implica una detención preventiva. El expresidente hizo un llamado a la ciudadanía guayasense para que asista al lugar y brinde apoyo a la política que fue su cercana colaboradora durante su administración y lideró el movimiento correísta en años recientes.
La Fiscalía General ejecutó órdenes de aprehensión en Pichincha y Manabá contra tres personas con el propósito de formular cargos por presunto lavado de activos, en el marco de la investigación denominada caso Laberinto. La institución reporta la existencia de siete personas investigadas por irregularidades presuntas en el financiamiento político y gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.
Los registros fiscales identifican inconsistencias en los aportes y origen lícito de recursos utilizados en la campaña. Entre los investigados figuran Luisa González, el exasambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, Estefanía Elizabeth Molina Freire y el excandidato presidencial Andrés David Arauz Galarza, quien también fue cercano colaborador del correísmo.
Esta nueva investigación se suma al denominado caso Caja Chica, en el cual la Fiscalía ya indagaba a González y otros integrantes de Revolución Ciudadana por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Ese proceso está vinculado al presunto ingreso de dinero ilícito proveniente de Venezuela para financiar la campaña electoral de 2023.
El traslado de González al Cuartel Modelo marca un escalamiento en las acciones judiciales contra líderes del movimiento correísta. La detención generó reacciones inmediatas desde el correísmo, que denunció persecución política y exigió transparencia sobre el paradero de González durante las primeras horas de su aprehensión.
Estas investigaciones forman parte de una serie de procesos judicales que enfrenta la dirigencia correísta en Ecuador. González, que fue candidata presidencial en 2023, ahora debe responder ante la justicia por cargos relacionados con financiamiento electoral y presunto lavado de activos en contextos político-electorales.