La Fiscalía y la Policía de Ecuador realizaron el jueves 22 de octubre un operativo en la provincia de Manabí para capturar a Luisa González, excandidata presidencial, con fines de formulación de cargos por irregularidades detectadas en los fondos de su campaña electoral del 2023. La detención generó reacciones a nivel nacional e internacional, reavivando tensiones políticas que atraviesan la región.
El expresidente Rafael Correa fue de los primeros en pronunciarse públicamente sobre el caso, calificándolo de exceso mediante un mensaje en redes sociales. Poco después, el exmandatario colombiano Gustavo Petro reposteó esa declaración y acusó directamente al gobierno ecuatoriano de ejercer una «verdadera dictadura» que habría comenzado con un fraude electoral, amplificando así el mensaje crítico hacia las autoridades de Quito.
En respuesta, el presidente Noboa concedió una entrevista a la revista Semana de Colombia en la que cuestionó severamente la postura de Petro y lo vinculó a redes criminales. Esta no es la primera ocasión en que el mandatario ecuatoriano realiza acusaciones de este tipo contra su homólogo colombiano; en abril pasado ya había sugerido que Petro se reunió en Manta con miembros del movimiento Revolución Ciudadana que tendrían conexiones con alias 'Fito', líder de la banda Los Choneros actualmente encarcelado en Estados Unidos.
Noboa ha sostenido en varias intervenciones públicas que durante la administración Petro se incrementaron significativamente los cultivos de coca en los departamentos colombianos fronterizos con Ecuador. Estas acusaciones forman parte de un conflicto más amplio entre ambos países relacionado con seguridad en la frontera y tráfico de drogas.
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia se deterioraron notablemente tras la imposición por parte de Quito de aranceles de hasta el 100 por ciento sobre productos colombianos, medida que Noboa justificó como respuesta a la crisis de seguridad fronteriza. Este conflicto ha escalado las tensiones políticas regionales y ha puesto en el centro del debate la credibilidad de las instituciones judiciales ecuatorianas.
El caso de Luisa González también ha generado movilizaciones internas. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional por el correísmo, denunció lo que calificó como un «secuestro» de la excandidata y convocó a protestas, sumándose a otras voces opositoras que cuestionan la legalidad del procedimiento y la independencia judicial en el país.
La detención ocurre en un contexto de profunda polarización política en Ecuador, donde acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición sobre vinculaciones con narcotráfico se han vuelto recurrentes. La respuesta de Noboa a Petro refleja una estrategia de deslegitimación internacional que busca reposicionar la narrativa sobre seguridad y criminalidad en la región.