Tres organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia formal sobre el deterioro de la independencia judicial en Ecuador. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador) expusieron durante una audiencia pública en Panamá los problemas estructurales que afectan al sistema de justicia ecuatoriano.
Según las organizaciones, existe un patrón sistemático de hostigamiento y acoso contra jueces tras emitir decisiones en casos de alto interés público. Denunciaron que las autoridades judiciales enfrentan presiones políticas, amenazas del crimen organizado y campañas de desprestigio orquestadas incluso por altas autoridades estatales. La abogada Dolores Miño señaló que el Ministerio del Interior ha impulsado una campaña para deslegitimar a los magistrados, calificándolos públicamente de corruptos o aliados de organizaciones criminales.
Los datos son alarmantes: entre 2020 y 2026, se documentaron 52 atentados graves contra operadores de justicia, dejando 31 víctimas mortales. Durante cinco meses de 2026 fueron asesinados siete funcionarios judicales. Las organizaciones advierten que la falta de mecanismos especializados de protección y las deficiencias en infraestructura mantienen expuestos a numerosos funcionarios ante amenazas constantes.
Las organizaciones identificaron cinco patrones que amenazan específicamente a la Corte Constitucional: intimidación mediante militarización de la sede y amenazas de bomba; intentos de limitar competencias a través de juicios políticos; restricciones administrativas y financieras que afectan recursos; criminalización de jueces mediante investigaciones penales por sentencias contrarias al Ejecutivo; y campañas de deslegitimación pública contra magistrados y sus resoluciones.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH dar seguimiento prioritario a la situación ecuatoriana, realizar una visita de trabajo enfocada en independencia judicial y elaborar un informe con recomendaciones específicas y verificables. La Comisión subrayó que la independencia judicial es fundamental para la democracia y los derechos humanos, destacando la importancia de fortalecer procesos de selección y mecanismos de protección.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia expusieron ante la CIDH las medidas implementadas para garantizar seguridad. Entre estas destacan la activación de botones de alerta con geolocalización para respuesta inmediata, protocolos de teletrabajo ante situaciones de riesgo y la creación de una Unidad de Alertas Tempranas para monitorear posibles injerencias vinculadas al crimen organizado.
Este documento se basa en información de Vistazo y constituye un resumen que requiere verificación editorial adicional antes de su publicación. Se recomienda contrastar datos de víctimas, fechas y declaraciones específicas con fuentes primarias antes de finalizar la nota.