El movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente la detención de Luisa González, excandidata presidencial, ocurrida en la madrugada del jueves 22 de octubre en la parroquia Canuto, Manabí. La organización política calificó la captura como "arbitraria e inconstitucional" y denunció que constituye un acto de persecución de Estado dirigido a proscribir a la oposición.
Según el correísmo, las autoridades ecuatorianas no han informado el lugar exacto donde se encuentra retenida González, ni han permitido que su defensa técnica tenga acceso a ella. Esta falta de transparencia agrava las acusaciones del movimiento contra lo que considera un abuso de poder por parte de instituciones del Estado.
El comunicado de Revolución Ciudadana cuestiona fuertemente los cargos esgrimidos por la Fiscalía. Afirma que se ha "montado de forma exprés" una causa penal por presunto lavado de activos que buscaría "disfrazar lo que en estricto derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña" por apenas USD 6.100. Para el correísmo, elevar observaciones electorales a la justicia penal de delincuencia organizada constituye lawfare.
La Fiscalía argumenta que la operación responde a investigaciones sobre irregularidades en el financiamiento político de la campaña presidencial de 2023. Según la institución, se investiga el origen lícito de recursos y inconsistencias en los aportes. El caso, denominado 'Laberinto', involucra a tres personas para formulación de cargos inicialmente, aunque registros del sistema muestran siete investigados en total.
Además de González, figuran como sospechosos el exasambleísta Santiago Díaz Asque, el excandidato presidencial Andrés David Arauz Galarza y Estefanía Elizabeth Molina Freire, quien manejó la economía de la campaña 2023. Esta es la segunda investigación contra figuras correístas por presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la campaña presidencial.
Revolución Ciudadana exigió al Estado ecuatoriano informar de inmediato la ubicación exacta de González y garantizar el acceso sin restricciones de sus abogados defensores y veedores de derechos humanos. El movimiento considera que la detención madrugada constituye un acto explícito de persecución destinado a debilitar la oposición política en Ecuador.
Este caso se suma a investigaciones previas como 'Caja Chica', revelado en febrero de 2026, que también examina aportes irregulares para la campaña 2023. El Ministerio Público presume que ingresó dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar los actos proselitistas de aquella época, generando un panorama complejo de acusaciones cruzadas.