Gabriela Rivadeneira, lideresa de la Revolución Ciudadana, realizó una rueda de prensa en Quito para denunciar lo que calificó como "secuestro" de Luisa González, la excandidata presidencial detenida la madrugada del jueves en Manabí. Según Rivadeneira, no existe justificación legal para la captura y responsabilizó a la Fiscalía de cometer arbitrariedades contra la militancia correísta.
González fue aprehendida en el cantón Chone como parte de las investigaciones del caso denominado "Laberinto", donde se investiga presuntamente lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña electoral de 2023. La Fiscalía ha señalado que identificó irregularidades en los aportes económicos y el gasto publicitario, sugiriendo que los fondos provenían de fuentes ilícitas.
La líder correísta cuestionó fuertemente la reapertura de este expediente apenas cinco semanas antes de las elecciones seccionales, recordando que la Revolución Ciudadana se encuentra suspendida como organización política por solicitud del mismo Ministerio Público. Rivadeneira argumentó que se trata de "un proceso ya juzgado" que no debería ser reabierto en este momento.
Entre los siete investigados figuran, de manera extraoficial, el exasambleísta Santiago Díaz Asque, el excandidato presidencial Andrés Arauz y Estefanía Molina Freire, quien manejaba los recursos económicos de la campaña. Rivadeneira cuestionó específicamente que Díaz Asque actúe como testigo protegido de la Fiscalía a pesar de contar con condena por violación.
La audiencia de formulación de cargos se llevaría a cabo la tarde del mismo jueves, aunque los abogados defensores fueron notificados apenas horas antes sin precisión sobre hora y lugar. Rivadeneira anunció que desconoce los detalles específicos del procedimiento judicial.
Ante lo que considera un atropello al debido proceso, la Revolución Ciudadana convocó a la militancia a movilizaciones para exigir la liberación inmediata de González. Además, la organización políticaaberrante anunció que presentará denuncias ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar supuestas violaciones al debido proceso.
Este caso refleja la tensión permanente entre el correísmo y las autoridades judiciales ecuatorianas, en un contexto donde la suspensión del movimiento político ha dejado a sus militantes sin participación electoral en los próximos comicios seccionales, lo que incrementa la presión política en torno a las detenciones relacionadas con la campaña presidencial anterior.