Wendy Lorena Onofre Gaibor, secretaria del movimiento político RETO (lista 33), se presentó voluntariamente ante las autoridades en la provincia del Guayas. La mujer enfrenta una orden de detención para formulación de cargos por el presunto delito de lavado de activos, según informó el Ministerio Público. Su comparecencia marca un nuevo desarrollo en el caso Laberinto, que investiga irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Onofre es una de seis personas investigadas por supuestas anomalías en los fondos utilizados para la campaña electoral del binomio Luisa González-Andrés Arauz. Junto a ella, los excandidatos y otros implicados enfrentan cargos relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía General del Estado busca esclarecer la procedencia de recursos canalizados a través de un entramado de personas jurídicas.
De acuerdo con la investigación fiscal, se habría utilizado aproximadamente 500 mil dólares estadounidenses para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023, sin transparentar la procedencia de los fondos ni la identidad de los aportantes. Los fondos fueron canalizados más allá de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, según detalló el Ministerio Público en su comunicado.
El operativo de detenciones se ejecutó madrugada del 22 de octubre de 2026 en provincias como Manabí y Pichincha, con participación de la Fiscalía y la Policía Nacional. Los cargos por lavado de activos son parte de una investigación más amplia sobre financiamiento político e irregularidades electorales que abarca a múltiples actores del proceso de 2023.
Además de Onofre, están procesados Luisa González, Andrés Arauz, el exasambleísta Santiago Díaz Asque y Estefanía Molina Freire, quien manejaba los recursos económicos de la campaña. Una sexta persona investigada, identificada como Daniela C. B., aún no ha sido detenida por las autoridades.
RETO es la organización política aliada de la Revolución Ciudadana que llegó a posiciones clave en gobiernos locales. El caso ha generado tensión política, con declaraciones públicas de los implicados cuestionando la legalidad de los procedimientos y denunciando persecución política.
La Fiscalía continuará los trámites procesales y convocará a audiencias de formulación de cargos. El caso Laberinto se mantiene como una investigación prioritaria para el Ministerio Público en su lucha contra presuntas actividades de financiamiento ilícito en procesos electorales nacionales.
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