La madrugada del jueves 22 de octubre se ejecutó un allanamiento en la residencia de Luisa González, ubicada en la parroquia Canuto del cantón Chone, en Manabí. La Fiscalía informó que realizó operativos simultáneos en provincias de Pichincha y Manabí, ejecutando tres órdenes de detención contra presuntos involucrados en irregularidades financieras durante la campaña presidencial de 2023.
Según relatos de militantes de Revolución Ciudadana, después del operativo fueron alertados cerca de las 4:30 de la mañana y se dirigieron a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Chone. Allí les informaron que González ya no estaba en el lugar y había sido trasladada a Manta. Esta fue la primera de varias reubicaciones reportadas, aunque sin confirmación oficial de las autoridades.
Treinta minutos después de arribar al UVC, recibieron una llamada del Hospital General Napoleón Dávila Córdova informando que la excandidata ingresaba para realizarse exámenes y peritajes. Al llegar al centro médico, les comunicaron que ya había sido trasladada nuevamente. Los intentos por confirmar su paradero en las instalaciones sanitarias resultaron infructuosos.
Los familiares y compañeros de González intentaron localizarla nuevamente en el UVC de Chone, donde dos uniformados les dijeron desconocer su ubicación. Guido Mendoza, militante de Revolución Ciudadana, reportó la presencia de policías vestidos de civil y vehículos sin placas en la zona, generando un clima de incertidumbre sobre los movimientos de la detenida.
Hasta el momento, ninguna autoridad oficial ha confirmado el paradero actual de González. Según Mendoza, la información sobre traslados a Manta o Guayaquil proviene de fuentes extraoficiales. Esta falta de transparencia ha generado preocupación en círculos políticos opositores, que denuncian persecución.
La detención ocurre en el marco del caso Laberinto, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y gastos electorales en publicidad durante las elecciones presidenciales de 2023. La Fiscalía señala inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos utilizados. González, junto con otros políticos como Andrés David Arauz Galarza, Joseph Santiago Díaz Asque y Estefanía Elizabeth Molina Freire, figuran como sospechosos en el registro del sistema fiscal.
Este nuevo proceso se suma al denominado caso Caja Chica, relacionado con presunto ingreso de dinero ilícito proveniente de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Las investigaciones mantienen en la mira a figuras cercanas al correísmo en torno a cuestiones de financiamiento electoral e irregularidades financieras.