Dos embarcaciones fueron interceptadas y hundidas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en aguas del Pacífico durante una operación coordinada con el Gobierno ecuatoriano. La acción derivó en la detención de 28 tripulantes que fueron transportados hasta el puerto portuario de Manta el viernes pasado. Según lo comunicado por la Armada ecuatoriana, nueve integrantes de la embarcación Conquista II y diecinueve de la OM2 arribaron alrededor de las 15:00 hora local a bordo de una unidad guardacostas.
Tras su llegada al puerto, las autoridades competentes ejecutaron los procedimientos correspondientes, aunque la Armada no ofreció detalles específicos. Medios locales confirmaron que los tripulantes fueron trasladados a una unidad policial para su procesamiento. Adicionalmente, otras ocho personas del Conquista II continuaban en ruta al puerto a bordo de otra embarcación en el momento del informe oficial.
El Comando Sur de Estados Unidos justificó la operación argumentando que las embarcaciones funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban actividades de narcotráfico del grupo criminal Los Choneros. Sin embargo, las familias de los detenidos cuestionan esta versión y sostienen que se trata de pescadores que salieron a faenar en el océano para subsistir. Decenas de parientes se concentraron en los exteriores de Capitanía del Puerto portando carteles que reclaman por lo que consideran un «atropello» contra trabajadores del sector pesquero.
Las familias argumentan que la falta de oportunidades laborales en la región ha llevado a estos hombres a dedicarse a la pesca como único medio de sustento. Una pariente de los detenidos cuestionó públicamente la política del Gobierno, sugiriendo que la ausencia de empleo formalizado en el sector pesquero genera las condiciones que las autoridades intentan combatir. Esta narrativa contrasta con la oficial y refleja la tensión comunitaria generada por la operación.
Para este sábado está programada una audiencia de habeas corpus donde los familiares del Conquista II esperan que la justicia determine si hubo desaparición forzada y ordene la liberación de los detenidos si carecen de orden judicial o fundamento legal suficiente. En la misma concentración también se manifestaron parientes de ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos desde enero tras partir a faenar en el barco Fiorella, vinculando ambos casos.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han pedido investigaciones sobre la participación estadounidense no solo en este operativo, sino también en dos ataques adicionales contra embarcaciones ecuatorianas registrados en marzo cerca de las Islas Galápagos. Estos reclamos se enmarcan en un contexto de creciente cooperación regional en seguridad entre Washington y los gobiernos latinoamericanos.
La operación se produce un año después del inicio de la campaña del Ejército estadounidense contra supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y costas del Pacífico latinoamericano, que ha dejado un saldo de más de 220 muertos. Sin indicios de que Washington suspenda estas acciones, la cooperación bilateral en materia de seguridad continúa intensificándose, aunque genera creciente controversia en las comunidades de pescadores afectadas.