Durante la madrugada del jueves 15 de octubre, el Ministerio del Interior informó sobre la captura de cuatro presuntos cabecillas de la organización criminal Comandos de la Frontera en el marco de la 'Operación Muralla'. Los detenidos, identificados como alias Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, fueron aprehendidos después de casi año y medio de investigación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.
El operativo desplegó 122 policías y 14 fiscales en simultáneo allanamientos realizados en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas. Según el ministro John Reimberg, la estrategia buscó golpear tanto a quienes ejecutaban los ataques como a los responsables de planificar, financiar y facilitar las operaciones criminales de esta estructura.
Los cuatro capturados son señalados como responsables de al menos 19 muertes confirmadas, entre ellas el asesinato de 11 militares en Alto Punino y tres policías en Joya de los Sachas. Las investigaciones también los vinculan con aproximadamente 25 fallecimientos adicionales ocurridos en Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbíos durante el período analizado.
La investigación permitió identificar la cadena de mando, estructura logística y redes de financiamiento que permitían que la organización ejecutara sus operaciones delictivas. El operativo se enfocó específicamente en desmantelar no solo a los cabecillas, sino también a sus colaboradores, corredores logísticos y capacidad para movilizar personal y armamento entre Colombia y Ecuador.
Reimberg enfatizó que las acciones de captura se suman a una afectación económica superior a los 600 millones de dólares contra la organización criminal. El Gobierno ha declarado previamente a Comandos de la Frontera como grupo armado organizado, categoría que permite aplicar medidas más rigurosas en su persecución.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar las operaciones para garantizar que los responsables de los asesinatos no queden en la impunidad. El operativo representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales que operan en zonas fronterizas del país, aunque expertos señalan que estas organizaciones mantienen una notable capacidad de adaptación y regeneración.
Este decomiso operativo se inscribe en una estrategia más amplia contra el crimen organizado transnacional en la región. Las autoridades han intensificado los operativos en coordinación con organismos internacionales para desarticular las redes de tráfico de armas y drogas que financian estas estructuras delictivas.