Dos semanas después de ser retirado de la morgue de Santa Elena, el cuerpo de Monika Silva, activista polonesa fallecida en Ecuador, finalmente tiene fecha confirmada para su repatriación. Según informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, los restos saldrán de Quito el sábado 31 de octubre con destino a Varsovia, Polonia, permitiendo así que la víctima regrese junto a su familia.
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) Guayaquil y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) confirmaron que la funeraria encargada del proceso ya cuenta con la documentación nacional requerida y el permiso expedido por el gobierno polaco. Las organizaciones reconocieron en un comunicado la complejidad de coordinar gestiones administrativas y autorizaciones entre instituciones de dos países diferentes.
Silva, de origen polaco, fue encontrada sin vida en su vivienda de Montañita, Santa Elena, la noche del 8 de junio de 2026. El cadáver presentaba múltiples lesiones: surcos en el cuello, traumatismo en la cabeza y fractura del hueso hioides, indicadores de muerte violenta. La autopsia determinó signos compatibles con estrangulamiento, por lo que la Fiscalía investiga el caso como presunto feminicidio.
Desde el hallazgo, los restos permanecieron almacenados en el Centro Forense de Santa Elena hasta el 15 de octubre, cuando fueron retirados por las organizaciones defensoras junto a amigos y colegas de la activista. En esa ocasión, representantes del CEPAM indicaron que una vez que el cuerpo llegue a Polonia, las autoridades judiciales de ese país evaluarán si requieren realizar nuevas autopsias u exámenes forenses adicionales.
Monika Silva era una destacada defensora de causas sociales y ambientales. Nacida en Polonia, residía desde hace varios años en Montañita, donde se desempeñaba como activista anticorrupción y defensora de grupos vulnerables. A través de la Fundación La Integridad, había documentado y denunciado públicamente casos de tráfico de tierras y actos de corrupción en Santa Elena.
La activista también era madre de dos menores de edad. Su muerte generó atención internacional, incluida la intervención de autoridades diplomáticas polacas en Ecuador. El caso ha mantenido a las organizaciones defensoras de derechos humanos pendientes de que se avance en las investigaciones y se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.
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