Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N', identificados como los presuntos implicados en el asesinato múltiple que enlutó a la banda Camilo Séptimo, ingresaron el viernes 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Barrientos en Ciudad de México. El crimen ocurrió el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación musical, junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica. Uno de los hijos del músico, de seis años, fue encontrado con vida.
Antes de ser trasladados a sus celdas, ambos sospechosos fueron interrogados por personal carcelario sobre datos personales y condiciones de salud. Diego Sebastián 'N' declaró ser empresario de 51 años, negó padecer enfermedades crónicas y únicamente reportó un raspón en la rodilla. Gerardo 'N', por su parte, indicó tener 52 años e informó que sufre hipertensión, aunque no pudo especificar el medicamento que utiliza para controlar su presión arterial, negando tener lesiones corporales.
Las autoridades mexicanas han revelado que existía una relación previa entre la víctima y el presunto responsable principal, catalogada como de naturaleza comercial. Según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, antes del homicidio también se registraron exigencias económicas y amenazas en contra del músico, aunque se desconoce el monto específico reclamado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha solicitado mantener reservada parte de la información del caso hasta la primera audiencia para no comprometer el proceso judicial. Aunque se menciona que el principal sospechoso contaría con antecedentes penales, García Harfuch refirió a la institución fiscal para precisar estos detalles, manteniéndose varios aspectos del caso bajo confidencialidad.
Los dos detenidos permanecerán en el penal mientras continúan las investigaciones sobre los motivos y circunstancias del crimen que causó conmoción en el ámbito musical mexicano. La captura de los sospechosos y su traslado al sistema penitenciario marca un avance en el esclarecimiento de los hechos, aunque las autoridades han limitado deliberadamente la divulgación de información para preservar la integridad de la pesquisa judicial.