Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva contra diez oficiales de la Policía Nacional acusados de concusión. Los agentes, todos en servicio activo, fueron procesados tras ser señalados de ingresar a una piladora de arroz en la provincia del Guayas e intentar extorsionar a sus ocupantes con demandas de dinero a cambio de evitar detenciones.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de octubre en una propiedad ubicada en la vía Las Palmas-Samborondón. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, más de diez individuos llegaron al sitio en tres vehículos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional. Los sospechosos argumentaron que buscaban armas y dinero tras supuestas denuncias previas.
Durante el operativo, los presuntos extorsionadores revisaron las instalaciones y se apoderaron de objetos de valor como una cadena, un anillo de oro y USD 500 en efectivo. Posteriormente, uno de los involucrados, identificado como 'el abogado', obligó al propietario a abrir una caja fuerte que contenía aproximadamente USD 130.000, según la denuncia.
Bajo amenaza de iniciar procesos penales e imponer detenciones, los agentes exigieron dinero al propietario. La víctima terminó entregando USD 12.000 para evitar consecuencias legales. Antes de abandonar el lugar, los involucrados obligaron a los ocupantes a grabar un video donde afirmaban que todo estaba en orden y que no faltaba nada.
La investigación comenzó cuando la denunciante alertó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Las unidades investigativas analizaron registros audiovisuales y lograron identificar a varios sospechosos. Un dato clave fue que los reportes del ECU 911 confirmaron que no existía ningún operativo policial registrado en la zona al momento de los hechos.
Los diez agentes fueron localizados en los patios del Cuartel Modelo de Guayaquil durante una formación al finalizar su turno. Nueve pertenecen a la Dirección General de Inteligencia de la Zona 5, mientras que uno integra la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Extorsión de la misma zona. La Fiscalía presentó reportes investigativos, partes de aprehensión e ingresó evidencias a cadena de custodia.
Esta es una síntesis del reporte de la Fiscalía General del Estado publicado el 13 de octubre. El caso representa un nuevo escándalo de corrupción dentro de las fuerzas policiales ecuatorianas, que en los últimos años han enfrentado múltiples investigaciones por delitos similares. La medida de prisión preventiva busca garantizar la comparecencia de los acusados durante el proceso penal.
