El presidente Daniel Noboa formalizó el jueves 5 de noviembre un decreto que autoriza a las entidades financieras a diferir el pago de cuotas de créditos hasta por 90 días para ciudadanos y sectores productivos afectados por el fenómeno de El Niño. La medida busca aliviar las dificultades económicas derivadas de las intensas lluvias e inundaciones que han azotado al país durante los últimos meses. El aplazamiento será temporal, extraordinario y voluntario, sin generar intereses moratorios, gastos, recargos ni multas para los beneficiarios.
Según el Decreto Ejecutivo 529, tanto bancos públicos y privados como cooperativas de ahorro y crédito podrán implementar este mecanismo de forma flexible. El diferimiento podrá solicitarse de dos maneras: por iniciativa del deudor, siempre que la entidad financiera lo acepte, o por iniciativa de la institución financiera, pero requiriendo la aceptación expresa del cliente. Esta estructura hace que el aplazamiento no sea automático ni obligatorio para todos los créditos, sino un acuerdo entre partes.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo máximo de 15 días desde la publicación del decreto en el Registro Oficial para emitir la normativa necesaria que regule la implementación de este mecanismo. El Gobierno sustenta la medida en los impactos económicos que El Niño puede generar, particularmente en actividades productivas y comerciales que dependen de ciclos de producción estables.
Los sectores agropecuario, pesquero, comercial y de servicios son los identificados como más vulnerables a las consecuencias del fenómeno climático. Las autoridades señalan que las condiciones adversas pueden alterar ciclos de abastecimiento, provocar daños en infraestructura y aumentar costos logísticos y operativos. Además, la medida contempla que las pérdidas económicas y disminución de ingresos justifican esta intervención temporal del Estado.
Desde que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta roja en todo el territorio nacional el 29 de agosto de 2026, el país ha registrado al menos once fallecidos y cerca de 50.000 personas afectadas por emergencias derivadas de lluvias extremas. Los daños incluyen viviendas destruidas, infraestructuras comprometidas y vías de comunicación afectadas, que profundizan la crisis económica de muchas familias y negocios.
El mecanismo de diferimiento reconoce que muchos deudores verán comprometida su capacidad de pago debido a los impactos del fenómeno climático. La medida intenta evitar que ciudadanos y empresas afectadas caigan en mora mientras atraviesan esta emergencia, dándoles un período de hasta tres meses para estabilizar sus ingresos sin penalizaciones adicionales.