El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó la disolución de Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido. La medida impacta directamente a 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, dejando congelados los ahorros depositados en la institución. El colapso de la entidad ha generado incertidumbre generalizada y reacciones de alarma en la población.
El mismo día de la intervención, renunció Carlos Carvallo, presidente del BCP, quien previamente había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido. Simultáneamente, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de la entidad por su presunta responsabilidad en la crisis. Estos cambios abruptos en la cúpula reguladora profundizaron la desconfianza ciudadana sobre la supervisión del sistema financiero.
La reacción popular fue inmediata. Grupos de ciudadanos se congregaron frente al Congreso de Paraguay exigiendo la devolución de sus fondos y demandando un juicio político contra el presidente Santiago Peña. Los manifestantes argumentan que la crisis financiera refleja fallas graves en la supervisión estatal y solicitaron formalmente el cierre definitivo de Ueno Bank, además de responsabilidades políticas para la administración.
El presidente Peña anunció cambios en la estructura del Banco Central mediante la designación del economista Raúl Vera Bogado como nuevo titular de la institución reguladora, cargo que Vera Bogado ya había ocupado entre 2001 y 2002. También nombró a Pedro Acosta y Edsel González como nuevos directores. Peña enfatizó que su prioridad es proteger los ahorros de los paraguayos y aseguró que el sistema financiero cuenta con mecanismos de protección suficientes.
Para acelerar la recuperación de fondos, el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que permitiría devolver los ahorros a los clientes afectados. Según las proyecciones gubernamentales, la normativa cubrirá al 98 por ciento de los ahorristas de Ueno Bank, con pagos previstos para iniciarse la misma semana del anuncio. Peña prometió que los responsables de la crisis deberán responder ante la justicia sin excepciones.
El cierre de Ueno Bank refleja vulnerabilidades en el sector financiero paraguayo y ha expuesto tensiones entre las autoridades regulatorias. La renuncia del presidente del BCP y las detenciones de directivos generan cuestionamientos sobre supervisión deficiente y posibles irregularidades administrativas. Ciudadanos como Ramírez denunciaron quedarse sin recursos tras congelamiento de salarios, evidenciando el alcance de la crisis más allá de simples depósitos.
El Gobierno insiste en la solidez del sistema financiero y busca contener la crisis mediante cambios de personal en organismos reguladores y promesas de restitución rápida de fondos. Sin embargo, la incertidumbre persiste y las demandas de juicio político contra Peña reflejan desconfianza en la capacidad estatal para resolver la situación. Los próximos días serán determinantes para la aprobación de la ley de reembolsos y la restauración de confianza en las instituciones.