El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este martes destituir definitivamente a los magistrados Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes formaron parte del tribunal de apelación en el caso Goleada. La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión presidida por Mercedes Caicedo, luego de analizar el expediente disciplinario que pesaba sobre estos funcionarios judiciales.
Los tres jueces fueron sancionados por incurrir en un error inexcusable al resolver un recurso de apelación relacionado con la prisión preventiva de varios investigados. Según el Consejo de la Judicatura, los magistrados debían limitarse a evaluar si la medida cautelar cumplía con los requisitos de legalidad y necesidad, sin extender su análisis a otros aspectos de la causa.
En la votación participaron los cinco integrantes del organismo. Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco, Magaly Ruiz y la presidenta Mercedes Caicedo respaldaron la moción de destitución. Al emitir su voto, Ruiz enfatizó que su decisión respondía exclusivamente a un análisis técnico y jurídico, no a consideraciones de otra índole.
Esta destitución constituye la segunda sanción impuesta a estos funcionarios en el mismo proceso. El 27 de julio anterior, el Consejo ya había dispuesto una suspensión preventiva de 90 días sin remuneración como consecuencia de sus actuaciones en el caso Goleada. Ahora, esa medida se ha convertido en una destitución definitiva e irrevocable.
La controversia tuvo origen en abril de 2026, cuando el tribunal revocó la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, junto con sus hermanos Antonio y Xavier, y otros procesados que se encontraban encarcelados en la Cárcel del Encuentro. Sin embargo, Álvarez permaneció privado de libertad al estar involucrado en otras investigaciones, entre ellas el caso Triple A.
El caso Goleada es una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos, vinculado a una estructura empresarial que habría utilizado la comercialización de combustibles para obtener beneficios ilícitos. Según la hipótesis fiscal, los investigados adquirieron grandes volúmenes de diésel subsidiado destinado a embarcaciones ecuatorianas para desviarlo hacia buques internacionales.
Las ganancias presuntamente obtenidas de estas operaciones fueron canalizadas a través de empresas constituidas en Panamá mediante mecanismos para simular obligaciones y ocultar ingresos. La Fiscalía sostiene que estas maniobras permitieron introducir recursos de presunto origen ilícito al sistema financiero ecuatoriano, constituyendo lavado de activos.