El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, denunció este martes que su administración ha sido blanco de 687 acciones legales y administrativas durante su gestión. El funcionario catalogó esta situación como una manifestación de "judicialización de la política" y reafirmó la disposición municipal de facilitar todas las investigaciones de los organismos de control.
Según el desglose presentado por Muñoz, existen 67 procesos suspendidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), incluidos todos los vinculados con las Fiestas de Quito. Además, enfrenta 13 denuncias en la Fiscalía, 514 exámenes y solicitudes de información de la Contraloría, 59 procedimientos de fiscalización de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y 28 requerimientos de información de la Asamblea Nacional.
Lo que ha generado mayor preocupación en el alcalde es la disparidad en los volúmenes de fiscalización comparados con administraciones anteriores. Muñoz señaló que los pedidos de exámenes e información de la Contraloría representan un incremento del 300%, mientras que los procesos de control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial se han multiplicado en un 3.700% respecto a gestiones previas.
Muñoz también cuestionó el rol de la Asamblea Nacional, afirmando que se ha convertido en una instancia donde es constantemente convocado a comparecer. "Soy moda en la Asamblea Nacional. No hay semana donde no le llamen a comparecer a quien no pueden llamarle a comparecer", sostuvo. El edil criticó al Legislativo por no enfocarse en problemas estructurales del país, que según él "atraviesa los años más sangrientos de su historia".
El alcalde arremetió contra sus críticos, tachándolos de "políticos mediocres", "fantoches y payasos", y acuñó el término "denunciólogos" para describir a quienes, en su opinión, utilizan las denuncias como herramienta política. Criticó también lo que describió como una estrategia de "asesinato reputacional" a través de medios de comunicación y portales digitales.
Muñoz y otros funcionarios municipales han sido objeto de denuncias sobre presunto cobro de "vacunas" a empleados, según lo expuesto por Juan Esteban Guarderas. El denunciante señaló que esos recursos habrían financiado la campaña de reelección del alcalde. Sin embargo, Muñoz reiteró que la Corporación Municipal está completamente abierta a investigaciones.
El alcalde finalizó su intervención pidiendo respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, además de alertar sobre amenazas contra funcionarios. Manifestó su anhelo por un país enfocado en obras y mejora de la calidad de vida, lejos de las amenazas y allanamientos que calificó como sintomáticos de la judicialización política.