El Comité de Ética de la Asamblea Nacional evaluó este lunes las pruebas en el proceso disciplinario contra Patricia Núñez, jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana, acusada de presunta venta de cargos públicos y tráfico de influencias. La calificación se realizó de manera unánime y determinó cuáles de los materiales probatorios presentados por la asambleísta Jhajaira Urresta —excorreísta ahora aliada de ADN— cumplen con los requisitos legales para continuar con la investigación.
Urresta presentó su caso basada en la alerta de una ciudadana de Chimborazo sobre una supuesta solicitud de dinero, atribuida a personas cercanas al despacho de Núñez, a cambio de un puesto en el Parlamento. Entre las cinco pruebas documentales y cuatro testimoniales admitidas figuran la materialización notarial de un pago de USD 300, fotografías de una reunión en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Riobamba y la materialización de dos conversaciones de WhatsApp, entre otros elementos.
El Comité consideró que estos materiales cumplen los criterios de pertinencia, conducencia, legalidad y utilidad para esclarecer los hechos investigados. Asimismo, se requerirá información adicional según lo propuesto por Urresta. El caso también fue derivado a la Fiscalía General del Estado por un posible delito de estafa, lo que amplía la investigación más allá del ámbito legislativo.
En cuanto a las pruebas de descargo presentadas por Núñez, el Comité solo admitió 16 de los 34 materiales propuestos. Fueron aceptadas certificaciones sobre la estructura administrativa de su despacho, la denuncia presentada por Blanca Alicia Tene ante la Fiscalía y su declaración juramentada ante la Contraloría. Sin embargo, se rechazaron los estados de cuenta de tarjetas de crédito, al considerar que no acreditan ingresos recibidos, y se inadmitieron testimonios de colaboradores del despacho por cuestiones de imparcialidad.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Comité de Ética tiene la responsabilidad de investigar denuncias que puedan derivar en destitución de asambleístas. Su rol incluye iniciar procesos de investigación previa denuncia formal y emitir informes motivados que se remiten al Pleno para su deliberación y resolución.
Tras la presentación oral de todas las pruebas, el Comité votará un informe que recomendará archivar el caso o destituir a Núñez. Si el trámite llega al Pleno de la Asamblea, tanto Urresta como Núñez expondrán sus argumentos. Para aprobar una destitución se requieren 101 votos en la plenaria, lo que representa una mayoría calificada dentro del Legislativo.
Este proceso marca un momento crítico para la jefa de la bancada correísta, quien enfrenta tanto investigaciones administrativas como penales. La admisión de las pruebas de Urresta por parte del Comité sugiere que el caso contiene elementos suficientes para continuar la sustanciación del proceso disciplinario.