La Fiscalía General del Estado expuso este lunes su estrategia de investigación en el caso Laberinto, que procesa a Luisa González y tres colaboradores más por presunto lavado de activos. Según la institución, los fondos irregulares utilizados en la campaña presidencial 2023 de la Revolución Ciudadana, cuando González fue fórmula de Andrés Arauz, provendrían de actividades ilícitas ligadas a la comercialización clandestina de petróleo.
El punto central de la acusación apunta a Ternape Petroleum S.A., empresa relacionada con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Tanto la compañía como el funcionario fueron hallados culpables en primera instancia en el caso Triple A, también por tráfico ilegal de combustibles. La Fiscalía sostiene que este nexo criminal fue el canal para financiar actividades proselitistas y publicitarias de la campaña con aproximadamente 500.000 dólares.
Para sustentar su teoría, los fiscales presentaron documentación donde aparecen proformas identificadas con 'RC5' y facturas de montos equivalentes emitidas por Ternape. Además, identificaron transferencias bancarias y cheques al portador que habrían servido para canalizar recursos hacia proveedores de publicidad y cubrir gastos logísticos. En las comunicaciones interceptadas, presuntamente se solicitaba que los comprobantes no incluyeran la palabra 'campaña'.
La investigación también rastreó operaciones vinculadas a Flonape Overseas, empresa domiciliada en Panamá clasificada como empresa de papel. Esta entidad está siendo investigada en el caso Goleada por sus supuestos vínculos con el alcalde Álvarez. Los registros de chats y comunicaciones contendrían referencias explícitas a empresas del funcionario y gastos electorales, proporcionando más elementos para la cadena de imputaciones.
Luisa González, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre recibieron prisión preventiva, mientras que Estefanía Molina fue sometida a presentaciones periódicas tres veces por semana, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica. La detención ocurre cuatro semanas antes de las elecciones seccionales, contexto en el que la Revolución Ciudadana permanece suspendida por orden del Ministerio Público en otro caso llamado Caja Chica.
En ese segundo proceso también está implicada González, acusada de financiar la campaña 2023 con dinero en efectivo proveniente de Venezuela. La organización política ha rechazado ambas acusaciones, argumentando que el caso Laberinto 'se montó de forma exprés' y que busca caracterizar como delito lo que sería únicamente una discrepancia administrativa en reportes de financiamiento electoral.
Este desarrollo judicial forma parte de una serie de procesos contra dirigentes correístas en los últimos meses, reflejando una escalada de conflicto entre el gobierno actual y la oposición en torno al origen de recursos utilizados en procesos electorales anteriores. Las defensas han cuestionado la metodología investigativa y señalado persecución política.